Las autoridades de República Dominicana deben abordar los alarmantes niveles de violaciones a los derechos humanos en el país, particularmente a manos de la Policía.La organización expuso sus consideraciones días antes de que el Comité para los Derechos Humanos de la ONU evalúe la actuación del país en esa materia.
El próximo día 12, las autoridades locales presentarán un documento en el que detallan las medidas que han tomado para cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp), que protegen derechos humanos como el de no ser torturado o sufrir discriminación, según informó Amnistía Internacional en un comunicado.
La entidad, sin embargo, adelantó que ya presentó al comité un informe alternativo que examina algunos de los abusos a los derechos humanos que enfrentan las personas en la isla caribeña, incluyendo los niveles alarmantes de asesinatos policiales y casos de tortura por parte de la policía.
Asimismo, la discriminación contra inmigrantes haitianos y dominicanos de origen haitiano, los altos niveles de violencia contra las mujeres y las amenazas contra periodistas. Otras organizaciones de derechos humanos también han presentado sus evaluaciones, recordó la entidad internacional.
Para la investigadora de AI sobre el Caribe, Chiara Liguori, el estado de los derechos humanos en la nación caribeña es “extremadamente preocupante”.
A lo largo de los años, apuntó Liguori, “hemos documentado cómo los sectores más vulnerables de la sociedad, incluyendo las mujeres y niñas, sufren niveles alarmantes de violencia y discriminación mientras que raramente alguien es llevado ante la Justicia por los abusos y no se dedican esfuerzos suficientes para prevenirlos”. Afirmó que “en muchos casos, la República Dominicana tiene buenas leyes para proteger al pueblo dominicano, el problema es que no son implementadas de manera efectiva”. Esta es la segunda información que da a conocer AI sobre la República Dominicana en esta materia en poco más de dos semana. El pasado 22 de febrero la organización exigió a las autoridades locales el cese de las torturas policiales.
