Empresarios y transportistas tienen centrada su atención en la decisión que emitirá el próximo jueves la Segunda Sala del Tribunal Superior Electoral, sobre el recurso de amparo interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para que se hagan cumplir las leyes relativas al transporte de carga y de pasajeros y se elimine el supuesto monopolio en el sector.
Aunque en la práctica se ve como una lucha entre transportistas y empresarios, en el recurso del Conep las instituciones que son demandadas pertenecen al Gobierno central.
Luego de varias audiencias, incidentes y argumentos legales los jueces del tribunal, Diómedes Villalona, Alina Mora y Evelyn Torres se retiraron a deliberar y anunciaron que el jueves 15 darán a conocer su decisión de si acogen o no la acción legal incoada por el Conep. También se dará a conocer el fallo de algunos incidentes presentados por el sector transporte, que fueron acumulados
En su recurso, el Conep pidió al Tribunal, presidido por el juez Diómedes Villalona, ordenar como medida precautoria la colocación de vigilancia por parte de agentes del servicio público en los alrededores de los distintos muelles y puertos del país.
La idea del Conep es que esos agentes garanticen los trabajos de carga o descarga de buques o naves de cualquier naturaleza por parte de las personas físicas o jurídicas que deseen transportar sus mercancías haciendo uso de vehículos de su propiedad o de particulares, hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre la acción de amparo interpuesta contra varias instituciones del Gobierno.
También pidió ordenar la colocación de vigilancia en las rutas registradas en la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), con el objetivo de evitar bloqueos o actuaciones que impidan la libre circulación en las vías de naturaleza pública.
La demanda
Mediante la acción de amparo, el Conep solicitó la notificación y citación a los ministerios de Trabajo, Industria y Comercio, Interior y Policía, Defensa, Turismo, así como a la Policía Nacional y la OTTT, a los que les exige cumplir con las normas establecidas para el sector transporte.
La acción legal pide al Ministerio de Trabajo velar por el cumplimiento de la Ley No. 578-65, que prohíbe el establecimiento de monopolios y prácticas anticompetitivas en los trabajos de carga o descarga de buques o naves de cualquier naturaleza en los distintos muelles y puertos del país, así como en las operaciones de transporte de mercancía efectuadas en los mismos y en todas las operaciones conexas o dependientes, según lo establecido en el artículo 4 de la misma. Al Ministerio de Industria y Comercio le pide dictar y vigilar según el artículo 2, literal B) apartado g) de la Ley No. 290-66, el cumplimiento de normas que garanticen la libre competencia y los niveles de precios en el transporte terrestre de carga, parte integral de la política comercial.
También requiere al Ministerio de Defensa otorgar todas las facilidades y protección necesaria a las personas físicas o morales que deseen transportar efectos de un lugar a otro y retirar o depositar sus mercancías en las aduanas y puertos del país, haciendo uso de vehículos de su propiedad o de particulares, según lo establecido en el artículo único del decreto No. 104-91 de fecha 14 de marzo de 1991. A la Policía le pide otorgar todas las facilidades y protección necesaria a las personas físicas o morales que deseen transportar efectos de un lugar a otro y retirar o depositar sus mercancías en las aduanas y puertos del país, haciendo uso de vehículos de su propiedad o de particulares según lo establecido en el artículo único del decreto 104-91 de fecha de fecha 14 de marzo de 1991.
El amparo del Conep solicita al Ministerio de Interior y Policía ejercer sus prerrogativas jerárquicas de dirección y supervisión sobre la Policía Nacional, según lo establecido por el artículo 25 de la Ley No. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, exigiéndole el cumplimiento de la obligación administrativa prevista a su cargo en el decreto No. 104-91 de fecha 14 de marzo de 1991.
En cuanto a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), se busca establecer mediante resoluciones y normas para garantizar el normal desenvolvimiento del transporte terrestre de pasajeros y adoptar todas las medidas necesarias para organizar y controlar el mismo, de modo que se eliminen las prácticas concertadas y los acuerdos anticompetitivos realizados por las confederaciones, federaciones y sindicatos de transporte de dicho sector, de conformidad con las disposiciones del decreto No. 489-87 del 21 de septiembre de 1987.
El Conep, exige ademas, al Ministerio de Turismo regular eficazmente el transporte de turistas de modo que se eliminen las prácticas anticompetitivas que impiden la prestación de dicho servicio por empresas vinculadas al sector turístico ajenas a las confederaciones, federaciones y sindicatos de transporte de pasajeros, según lo encomendado en el artículo 2, literal g) de la ley No. 84 que modifica la ley No. 541. La organización también solicita que se investigue la composición de todas las federaciones y sindicatos del transporte del país. l
Pide parar chantaje en servicio de transporte
La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) llamó a la sociedad dominicana para que de manera decidida diga “basta ya de abuso, chantaje, cartelización y maltrato a los ciudadanos” por parte de un sistema de transporte malo, caro e inseguro, que afecta la competitividad de la economía y la dignidad de la gente.
Antonio Taveras Guzmán, presidente de la AEIH, instó al Estado a poner fin a la permisividad basada en el clientelismo, que propicia el caos en el transporte de pasajeros y de carga a nivel urbano e interurbano. “Digamos todos no al miedo y enfrentemos como sociedad esa barbaridad; no merecemos algo tan indigno y atropellante”, dijo.
