La representación congresual es una expresión del voto popular y eso es válido para los partidos con una alta matrícula como para la expresión de las minorías.
Con frecuencia, la sociedad y los partidos con menor presencia en el Congreso se quejan de la amenaza que puede significar una mayoría excesiva de una fuerza política, si la misma no la utiliza con un sentido de prudencia y equilibrio.
Es el mismo riesgo de gobernar solo, cuando no se tiene interlocutores de calidad, y desaparece el contrapeso que opera como control ante posibles excesos a que puede conducir el predominio de un grupo en el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y que por efecto de mayoría en el Consejo de la Magistratura, también permea el poder judicial.
Coyuntura como esa induce a determinados funcionarios a pedir al Congreso que apruebe, “sin enmiendas”, el Proyecto de Presupuesto y ley de Gastos Públicos, con la certeza de que recibirá un penoso sí de los líderes de las cámaras.
No son pocos los sectores que ven perplejos cómo los voceros peledeístas de la Cámara Alta declaran que acogerán la petición del gobierno de aprobar sin cambios la pieza sometida. Prudentemente, pudieron reservarse la decisión, pero al declararlo se tornan ofensivos.
Además, se muestran muy disminuidos ante el país y especialmente, ante otras instituciones del Estado que no están satisfechas con el tratamiento que les ha dado el Poder Ejecutivo. También envían un mensaje a los actores de la sociedad civil. El mensaje tiene el valor de que advierte que todo está consumado, sin previo análisis de la pieza.
Todo esto hace concluir en la necesidad de que la democracia siquiera cumpla con la regla del debate que le es propio y la conveniencia de que fuerzas disímiles tengan mayor representación en el Congreso. En un escenario como ese quizás pueda haber espacio para negociaciones convenientes para el país y no el imperio de un gobierno todopoderoso que lo controla todo, sin separación alguna de los poderes.
