Motivados por el interés de endurecer los procesos judiciales contra el crimen organizado, el robo de tierras y la violencia de género, los diputados aprobaron ayer a unanimidad y en primera lectura 75 modificaciones al Código Procesal Penal.
La pieza con el informe favorable de la Comisión de Justicia pasó así a una segunda fase de debate sin recibir ningún tipo de modificación.
Entre las novedades de la propuesta, el diputado Henry Merán, miembro de la comisión, destacó la imposición obligatoria de la prisión preventiva contra los imputados de asesinato, narcotráfico y otros delitos graves, así como la apertura del accionar público en los casos de golpes y heridas provocados en un contexto de violencia intrafamiliar.
“Vamos a darle duro a la delincuencia, y a los abogados que se hacen ricos con la delincuencia. Tenemos un compromiso con la sociedad, no con la delincuencia”, declaró el legislador Marino Collante, al participar del debate previo a la votación.
El presidente de la Cámara, Abel Martínez, saludó el voto unánime de las diferentes bancadas, y anunció que la segunda lectura se llevará a cabo en la sesión del próximo martes, a las 10:00 de la mañana.
