Los programas de asistencia social del Estado, sin duda, han tenido un impacto importante en la lucha contra la pobreza que desarrolla el Gobierno, a través de su implementación. La tarjeta Solidaridad ha sido, incluso, elogiada por organismos internacionales y puesta como ejemplo para la implementación de planes similares en otras naciones subdesarrolladas.
En este país, una madre soltera o una familia en extrema pobreza, puede recibir al mismo tiempo una tarjeta Solidaridad con un monto de dinero para comprar alimentos, en forma adicional recibe el bono gas, para adquirir una proporción del combustible; el bono luz para pagar una baja tarifa fija por el servicio; el bono escolar, con asignación de dinero para sus hijos en la escuela, a lo que se suma la entrega gratis de uniformes y útiles escolares. Además de todo eso, la familia pobre recibe un seguro médico en el Régimen Subsidiado, que le garantiza cobertura para toda la familia, incluidos tratamientos de enfermedades catastróficas que no cubren los seguros privados.
Pero todo tiene su parte negativa. Dados los elevados beneficios que otorga el Gobierno a través de su plan de asistencia social, muchas familias beneficiadas se resisten a aceptar un empleo en el mercado formal, pues si bien de esa forma pueden ganar un salario mínimo de RD$6,800 al mes, su nombramiento implica quedarse fuera automáticamente de todos esos beneficios sociales del Estado.
Hay casos de parejas que no se casan, para que la mujer figure como madre soltera y no pierda sus beneficios sociales.
Dada esa situación, es necesario que nuestras autoridades analicen seriamente hasta qué punto la asistencia social, en lugar de incentivar a sacar a la gente de la pobreza y la informalidad, está siendo un motivo para que muchos quieran quedarse ahí. La inversión social que realiza el Gobierno es elevada y ha sido efectiva, pero es preciso comenzar a analizar los resultados más allá de los números fríos.
