Los recursos de los municipios provienen del presupuesto nacional y del cobro de los arbitrios que establece cada ayuntamiento. Las aspiraciones de los ciudadanos es que los organismos correspondientes supervisen que esos recursos se inviertan en lo servicios que manda la ley y de manera transparente.
Los ayuntamientos son organismos autónomos, calidad que los faculta para decidir en qué y cómo invierten los recursos provenientes de las finanzas nacionales. Sin embargo, la Constitución de la República, en su artículo 248, establece que el órgano superior externo que tiene el control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado es la Cámara de Cuentas. En ese reglón entran los cabildos.
Asimismo, la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, observa que la Cámara de Cuentas ejercerá el control financiero, revisará, aprobará, fiscalizará y verificará el debido ingreso e inversión de los fondos de los gobiernos locales.
Para el control interno de los recursos, los alcaldes, que son los administradores, deberán presentar para su aprobación ante el Concejo de Regidores el presupuesto que ejecutarán cada año y será obligación de los concejales fiscalizar que se cumpla con la ejecución presupuestaria sancionada. También, en los cabildos existe el contralor municipal, quien deberá presentar un informe periódico a los ediles.
La ley municipal también establece el control de la comunidad y manda a los ediles a facilitar las informaciones y los mecanismos para que los munícipes y la sociedad civil puedan fiscalizar el uso de los recursos. Los ciudadanos también pueden hacer uso de la ley 200-04, de acceso a la información pública para solicitar informes a los cabildos.
Los mecanismos, las instituciones y las leyes para garantizar un uso transparente de los recursos en los gobiernos locales existen, pero sigue haciendo falta la voluntad de los políticos que administran los recursos públicos en los ayuntamientos para que todo marche como debe ser.
