La legalidad de una medida no siempre es sinónimo de prudencia, ni de oportunidad. El momento inadecuado convierte una decisión en objetable, criticable y hasta en imprudente.
Eso está pasando con el aumento de sueldos que se aprobó para los legisladores, el cual ya fue aplicado en el Senado y está en debate en la Cámara de Diputados. El Ministerio de Administración Pública ha dicho que es legal el aumento.
Pero en la opinión pública hay serios cuestionamientos, porque mientras en otras instancias del sector público se forcejea y regatea por aumentos que no llegan a la mitad del valor que de sopetón se han aumentado los legisladores. Debieron guardar la forma y al menos esperar al 2017.
