Aun se encuentran en prisión los cuatro venezolanos acusados de traficar con 58 paquetes de droga y que fueron descargados por un tribunal de San Pedro de Macorís.José Rafael Ariza, abogado de dos de los cuatro acusados, denunció que se está desacatando la sentencia que los deja en libertad, porque el tribunal en su dispositivo ordenó el cese inmediato de toda medida de coerción, por lo que los acusados deberían estar libres. Esta posición fue contradecida por el fiscal de Higüey, Lucas Pérez, quien asegura que en este tipo de casos la libertad de los imputados se firma luego de la lectura extendida de la sentencia.
Al realizar un recuento del proceso, Ariza dijo que fue “prefabricado” y que pudo demostrar que hubo irregularidades en los allanamientos. Aseguró que de las 60 pruebas que presentó el Ministerio Público, entre documentales y materiales, desistió de 48 y que de las 12 restantes, el tribunal eliminó ocho.
Los procesados por la “droga“ encontrada en la aeronave matrícula YV-2058 son los venezolanos Kenneth Méndez (Piloto), Gustavo Armaig Martínez (co-piloto), Franklin Antonio Armada y su novia, Bárbara Susana, detenidos el 15 diciembre de 2009. Se encuentran recluidos en la cárcel de Monte Plata (los hombres) y la mujer en Higüey. La aeronave fue entregada el 18 de diciembre de 2009 a las autoridades de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD).
En principio, el expediente involucraba a varios militares, que fueron favorecidos por un acto de no ha lugar.
Un tribunal colegiado de Higüey condenó a los cuatro extranjeros a 30 años de prisión. El 17 de junio, la decisión fue anulada por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, que ordenó un nuevo juicio. En este último proceso, llevado por un tribunal colegiado de la misma demarcación, los acusados fueron declarados no culpables, el 20 de febrero.
La sentencia emitida por los jueces Kenia Del Pilar, Juan de la Cruz y Haydeliza Ramírez será leída este próximo 5 de marzo. A partir de la notificación de la sentencia las partes tienen 10 días para apelar. En torno al caso el procurador adelantó que apelará y el presidente de la SCJ también ordenó a la Comisión de Inspectoría investigarlo.
