Varios sectores reaccionaron ayer ante el informe del Departamento de Estado estadounidense que coloca al país entre las naciones que más lavan dinero en el mundo. Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia se mostraron de acuerdo con el documento en lo relativo al lavado. Mientras que el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mediante un comunicado, luego de defender los ezfuerzos que realiza el Gobierno para enfrentar el narcotráfico y el lavado de activos, reconoció que “el país sigue siendo empleado como puente por los carteles internacionales, a través de sus contactos, para llevar estupefacientes a los mercados de Norteamérica y Europa”. La misma posición es compartida por el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, quien también reconoció que este es un mal endémico que está enclavado en los organismos responsables de contrarrestar estos flagelos.
El asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo (Vincho), restó importancia a este informe y dijo que la corrupción es un fenómeno mundial. “Ahora bien, hay corrupción endémica en todos los sectores. No es solo el Gobierno. Hay corrupción en la política y en el comercio”. En tanto que Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, aseguró que el lavado de dinero en el país es claramente visible al comparar los pocos empresarios que tiene la nación en proporción a la cantidad de ricos. “Entiendo que la Dirección General de Impuestos Internos tiene que utilizar sus herramientas; no creo que la responsabilidad sea de los bancos, creo que la responsabilidad recae en las autoridades”. De su lado, el coordinador de Participación Ciudadana; Francisco Álvarez; dijo que se hace necesario combatir la corrupción porque ésta es una aliada de narcotráfico. “La parte más valiosa del informe de los Estados Unidos es cuando señala la relación que tiene la corrupción, la criminalidad y el narcotráfico”.
Formas de lavar dinero
En una investigación publicada en el año 2008, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ) dividía las tipologías de lavado en el país en nueve puntos: casinos, inversiones de transporte aéreo y terrestre, inversión en proyectos habitacionales, complejos turísticos y plazas comerciales, remesas de dinero, dealers de vehículos, instituciones financieras, adquisición de fincas y ganado, tiendas de electrodomésticos y bancas de apuestas. En torno a esta división, algunos expertos en la materia explicaron que es muy probable que muchas de esas formas de lavar dinero no se utilicen como antes y se haya dado paso a otras más efectivas.
Asimismo, el trabajo explica que “en la República Dominicana, las actividades ilegales que proveen la mayoría de los fondos que han de ser lavados son el narcotráfico, la corrupción administrativa, los viajes ilegales y el tráfico de armas de fuego”. La investigación, que hizo pública el comisionado, fue un trabajo realizado por Juan Luis Villanueva Beato y Napoleón David Beras, quienes obtuvieron el premio a la investigación científica Cardenal Octavio Beras, que otorga la Universidad Católica Santo Domingo con su trabajo de grado titulado “El Lavado de Dinero en la República Dominicana como consecuencia de la actividad criminal. Necesidad de una mejor legislación”.
Canciller resalta la parte positiva del documento
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, consideró ayer como un “acto de justicia” que el informe anual del Departamento de Estado norteamericano sobre el narcotráfico en el mundo haya reconocido los esfuerzos y el éxito de las autoridades dominicanas para combatir el comercio de sustancias controladas y sus secuelas negativas.
Al reafirmar el firme compromiso del país como socio confiable de Estados Unidos en el combate contra el narcotráfico, Morales Troncoso definió el informe como “equilibrado” e invitó a leerlo en toda su extensión antes de producir juicios en base a simples reseñas periodísticas de párrafos descontextualizados.
El informe, en un capítulo titulado “reducción de la oferta”, indica que los decomisos pasaron de 4.85 a 6.7 toneladas métricas del 2010 al 2011.
