La Ley 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en República Dominicana ofrece incentivos atractivos para los trabajadores que quieran adquirir una vivienda de bajo costo de las que pretenden fabricar los empresarios de la construcción aprovechando las facilidades que ofrece esta legislación.
Las viviendas de bajos costos están definidas, de acuerdo a esa ley, como aquellas que estén valoradas con precios de dos millones de pesos hacia abajo.
Pero los trabajadores y familias que tengan ingresos por debajo de los RD$25,000 tendrán dificultad para adquirir una de estas viviendas, que se ofertarán en el mercado inmobiliario con precios que oscilarán entre los RD$800,000 y RD$2,000,000, según explicó el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu.
Los incentivos para la construcción de viviendas de bajos costos, son tanto para los constructores como para los ciudadanos interesados en la adquisición de una casa.
Los adquirientes de unidades habitacionales, en proyectos calificados de viviendas de bajos costos, contarán con un bono de parte del Estado que les servirá como parte del inicial al momento de la compra de la vivienda.
Según el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Fermín Acosta, ya existen dos proyectos que conforman 216 unidades habitacionales, que están esperando la aprobación del Ministerio de Obras Públicas y la ratificación del Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) para iniciar con el provecho de los atractivos de la ley 189-11.
Además, el constructor dijo que ya en el país hay varios proyectos, terminados, de viviendas económicas que sólo requieren la creación de un fideicomiso y la ratificación del Invi, lo cual entiende que se puede lograr en un proceso de dos o tres meses.
El director de la Red Fiduciaria de las Américas, Francisco del Carpio, definió el fideicomiso como el nuevo instrumento legal para establecer alianzas de capitales entre los sectores público y privado, que impulsen el desarrollo económico de sectores como la construcción, el turismo, la banca, el mercado de valores, y los seguros, así como facilitar la sucesión hereditaria del patrimonio familiar.
“Además de ser una herramienta para promover los emprendimientos empresariales, el fideicomiso puede ser utilizado para reducir la brecha habitacional y para acelerar el desarrollo de las zonas turísticas del país que todavía no han arrancado”, expresó Del Carpio.
Bono
Acosta explicó que cuando los proyectos sean construidos con terrenos aportados por el Estado, sólo se podrán beneficiar con el bono las personas que tengan una certificación de Catastro en la que se especifique que no tienen casas y que esa sería su primera vivienda.
Agregó que si el Estado aporta el terreno, en algunos casos, la opción habitacional sería muy barata al momento de sumar todos los incentivos. “Para beneficiarse de los incentivos que ofrece la Ley los interesados deben dirigirse al constructor del proyecto y el constructor hace la gestión con la entidad fiduciaria y la fiduciaria con la DGII (Dirección General de Impuestos Internos) para que se entregue el bono”, dijo.
Posibilidades
A sabiendas de que alrededor de un 78% de la población devenga salarios por debajo de los RD$15,000 y de que el déficit habitacional supera el millón de viviendas en República Dominicana, Acosta explicó que si el Estado aporta los terrenos, el bono para el inicial y la exención de impuestos, las viviendas, en algunos casos, sólo representarán un crédito de aproximadamente RD$500,000.
Consideró que si el financiamiento de esa cantidad se hace a 20 años las cuotas estarían cerca de RD$5,000 ó RD$6,000 mensuales, los cuales entiende podrían ser pagados por un trabajador que devengue RD$15,000 al mes.
El presidente de la CNUS manifestó que está de acuerdo con el uso de una parte de los fondos de pensiones en la construcción de viviendas como manda la Ley 189-11, pero señaló que es preciso crear un reglamento que aclare la forma en que serán saldadas las cuentas de las casas financiadas si los trabajadores adquirientes pierden sus trabajos.
Además, el sindicalista consideró que se debe ampliar de 20 a 30 años el plazo que otorgan las entidades financieras para pagar el inmueble, a fin de que un mayor número de trabajadores pueda tener la posibilidad de adquirir un préstamo para una vivienda en el que las cuotas resulten más bajas. Recordó que más de un 52% de la masa laboral devenga el salario mínimo, que actualmente es de RD$9,990.
Sipen
El Superintendente de Pensiones (Sipen), Joaquín Gerónimo, dijo que esa institución está lista desde el 9 de septiembre de 2011 para la evaluación de los instrumentos financieros que se emitan, siempre y cuando todos los demás actores hayan presentado y aprobado sus respectivos reglamentos.l
Opinión
Fermín Acosta
presidente de Acoprovi
El presidente de Acoprovi consideró que la Ley 189-11 es una buena oportunidad para disminuir el déficit habitacional que hay en el país, el cual supera el millón. Dijo que existen varias formas para la adquisición de una casa de las que se fabricarán con la Ley.
Rafael Abreu
Presidente de la CNUS
El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Abreu, explicó que más del 78% de los trabajadores devenga salarios que no les permitirán acceder a un crédito para una de las viviendas que se van a construir con los fondos de pensiones.
