Ahora que ya fue presentado al Congreso, es posible hacer una evaluación más certera del proyecto de presupuesto propuesto por el gobierno para 2013, el cual seguramente será aprobado sin enmiendas, cuestión ésta que vuelve a hablar muy mal de las actuaciones del Congreso.
El proyecto confirma tres cosas positivas. Primero, que se propone lograr un ajuste del gasto superior al nivel previsto hace unos meses y alcanzar un déficit menor. Aunque se trata de una reducción modesta (de 3% a 2.8% del PIB), cuando se considera el recorte que sufrió el paquete tributario, el esfuerzo adquiere una mayor dimensión. Sin embargo, no dejan de tener razón quienes ven en esto un esfuerzo insuficiente, en especial por las numerosas áreas de gasto improductivo en las que se pudiesen haber hecho ahorros sustantivos, ya sea para reducir el déficit o para reforzar áreas prioritarias de gasto.
Segundo, que en términos de su estructura, se trata de un mejor presupuesto porque incrementa de manera significativa el peso del gasto social en el gasto público total. Es cierto que el grueso del aumento se debe a la asignación del equivalente al 4% del PIB para educación, lo cual ha sido una consecuencia de una decisión política del gobierno y del activismo ciudadano que empujó por un pacto social y político sobre este tema. Sin embargo, también se perciben aumentos en algunas otras áreas, en especial en salud y seguridad social.
Tercero, incrementa moderadamente el gasto en agricultura, un sector tradicionalmente relegado de apoyo presupuestario excepto cuando ocurren desastres naturales que amenazan con causar desabastecimiento en las zonas urbanas.
En adición, aunque la información es parcial debido a errores en el proyecto de ley, la distribución territorial de la inversión mejora notablemente. El peso del Distrito Nacional y Santo Domingo cae significativamente, y se eleva en provincias como Azua, Peravia, Samaná, Elías Piña, El Seybo y Hato Mayor. Esto contribuye a corregir una de las mayores distorsiones e injusticias de la inversión pública en el país, la cual ha favorecido exageradamente a los grandes centros urbanos en perjuicio de otros territorios donde la gente vive con privaciones
severas.
En términos generales, el aumento del gasto en educación (y específicamente en aulas) y en pago de deuda, son las dos características más sobresalientes del nuevo presupuesto. ¿Cómo se financiarán estos gastos? Con menos inversión en carreteras, con más impuestos, con menos transferencias al Banco Central gracias a un “cambalache” jurídico inaceptable en el proyecto de ley, y con menos recursos para la Presidencia de la República.
Sin embargo, persisten en este presupuesto algunas perniciosas características. Llama mucho la atención la rigidez del gasto en la mayoría de las instituciones y funciones, cuyos presupuestos apenas se modifican, a la vez que no se comprometen con resultados más efectivos y verificables. Son los casos de Interior y Policía, Fuerzas Armadas, Relaciones Exteriores, Deportes, Trabajo y Congreso Nacional, entre otros. Es difícil no relacionar esta rigidez con las resistencias del gasto clientelar, uno de los principales escollos para mejorar la calidad del gasto y su impacto en el crecimiento y el bienestar de la gente.
Por ejemplo, después de haber prometido sanear y racionalizar el servicio exterior, el presupuesto del ministerio se mantuvo sin variación respecto a 2012. A su vez, el Congreso se autoasignó nuevamente recursos para el llamado “barrilito”, equivalentes a más de un tercio de lo asignado al Ministerio de la Mujer, para seguir haciendo lo que no debe hacer y lo que la Constitución no le asigna. La Junta Central Electoral es otro caso donde hay una percepción generalizada de que hay dispendio y gasto superfluo mientras parece no dar cuenta de los ingresos que cobra por sus servicios. Igualmente, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado continúa ejecutando obras y con más presupuesto que la Procuraduría o Industria y Comercio. Mientras tanto, el sistema de justicia continúa siendo severamente subfinanciado.
Finalmente, no se puede dejar de mencionar que el nuevo presupuesto considera un monto de subsidio eléctrico inferior al nivel inicialmente informado, lo cual parece preanunciar aumento de tarifa. El monto parece bajo y hace del presupuesto uno muy “apretado” y sin espacios para errores. l
