La posición que ha adoptado la Junta Central Electoral (JCE) con la agrupación cívica Participación Ciudadana, aunque podría tener la intención de hacer daño a dicha entidad, está teniendo el efecto inverso.
Participación Ciudadana tiene 16 años observando elecciones en nuestro país, lo que ha significado un gran aporte a nuestra democracia y ha contribuido con los avances en la transparencia del proceso electoral. Esto debe ser valorado por todos, independientemente de que sus posiciones les gusten o no les gusten a algunos.
Parecería que no han bastado todos los años de observación electoral y de apertura en los que se hizo una tradición el conteo rápido, para afianzar estas conquistas democráticas; puesto que paradójicamente venimos siendo testigos desde hace meses de la carrera de obstáculos que ha tenido que ir venciendo esta agrupación para poder alcanzar lo que se supondría un hecho: su autorización para observar el presente proceso electoral.
Se tiene la impresión de que la JCE está empleando mayores energías y tiempo a auscultar minuciosamente a los 3,805 voluntarios que harán la observación electoral, que a los aproximadamente 80,000 miembros que conformarán los distintos colegios electorales de los que se conoce muy poco, y que los observados se han convertido en observadores. Y el problema no es que la JCE ejerza sus facultades de regulación, sino que las mismas estén siendo percibidas como ejercidas con el propósito de impedir una observación, que solo puede hacer bien, incluyendo a la propia Junta.
Podría interpretarse que a Participación Ciudadana se le está sometiendo a un acoso, a una tortura psicológica para hacerla desfallecer de su misión de observación, como si se tratara de una planificada retaliación contra la misma. Y eso es precisamente lo que jamás debe hacer el órgano llamado a arbitrar el proceso electoral.
A apenas días de las elecciones, Participación Ciudadana no solo ha debido vivir el angustiante proceso para alcanzar su acreditación como observador, que parece no tener fin; sino que han pretendido regatearle el derecho a realizar el conteo rápido que históricamente han efectuado manteniendo confidenciales sus resultados hasta la emisión de los boletines finales; a pesar de que la misma JCE en una histórica decisión tomada en el año 2004 y reiterada en el año 2008 autorizó la celebración de encuestas a boca de urnas, lo que constituyó un paso de avance.
Parece no darse cuenta la JCE que con sus actuaciones podría estar dando la impresión de querer echar por tierra grandes conquistas democráticas que han costado muchos esfuerzos ciudadanos, que no podemos permitir que se reviertan. Debe entender la Junta que la sociedad reclama un proceso transparente, creíble e imparcial; y que para eso hace falta que dicha entidad muestre apertura, confiabilidad e independencia. Esperemos que la JCE decida exhibir estas cualidades y dejar atrás actitudes que en lugar de hacer daño a otros, podrían revertirse como un bumerán y hacerle daño a la propia JCE, a las elecciones y a la democracia.
