La procuraduría general administrativa depositó ayer una instancia con la que busca que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) revoque la sentencia que desconoce la potestad sancionadora de Pro Consumidor. El magistrado César Jazmín aseguró que la decisión de la primera sala del Tribunal Superior Administrativo no se realizó conforme a la ley, que asegura, sí le da facultad para sancionar a la institución pública.
“La sentencia evacuada por el Tribunal Superior Administrativo es el producto de un análisis muy leve y superficial que ha hecho que ese honorable tribunal llegue a la errónea conclusión de que Pro Consumidor no tiene facultad para imponer multas”, dictó el funcionario judicial.
La instancia se suma al recurso de casación presentado por la entidad contra la sentencia que anuló las multas impuestas a la empresa Propano y Derivados (Propagas).
Ambos documentos buscan la casación de la decisión judicial.
