El excombatiente Claudio Caamaño exige del Estado el pago de 30 millones de pesos para compensar las pérdidas que le ha generado la construcción del acueducto de Baní, en su finca.Caamaño Grullón está decidido a volver a tomar las armas, esta vez acompañado de familiares y amigos, para paralizar los trabajos en el acueducto, si el próximo jueves 10 las autoridades no responden a su demanda.
El exguerrillero hizo la advertencia ayer, rodeado de miembros de la Fundación Caamaño, su esposa, Fabiola Vélez, y sus hijos Claudio Antonio y Alfredo. Estaba en la parte de su finca que más ha sido afectada, ubicada en el distrito municipal El Carretón, de la provincia Peravia.
Caamaño Grullón siente que quienes levantan la obra lo engañaron porque habían acordado que intervendrían tres tareas, sin embargo han causado daños a 140 tareas. “Ellos me dijeron que tenían mucha presión de tiempo, por lo cual tenían que empezar ya. Yo los autoricé porque me dijeron que era una pequeña parte de la montaña, pero se han extendido”, dijo.
Ocho tareas que estaban sembradas de guayaba y caoba criolla quedaron sepultadas con la tierra que depositaron los obreros luego de cortar una parte de la loma. La propiedad de Caamaño Grullón tiene una extensión de 440,
300 metros, de la que una parte importante está sembrada de mangos y guayaba injerta para su comercialización en el mercado local. La vegetación de la zona está compuesta por caoba criolla, lino, campeche, palo de chivo, bayahonda, nim y palma cana. “Sin mi consentimiento, ellos están marcando más terreno de mi propiedad para intervenirlo”, apuntó.
Expuso que desde noviembre pasado a la fecha se ha reunido en tres ocasiones con el presidente Leonel Fernández y dos veces con Mariano Germán, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) sin que hayan podido llegar a un acuerdo. “Inicialmente el Gobierno había estimado los daños en 12 millones de pesos, pero hoy eso ronda los 30 millones”, indicó.
La empresa española Acciona Agua Abi-Carran Morrillo Ingenieros y Arquitectos es la que tiene la concesión de la obra, cuyo monto asciende a 110 millones de dólares. En 2009, el Gobierno anunció la construcción del acueducto, pero no fue hasta mediados del año pasado que los banilejos celebraron el primer picazo.
“Simplemente pido una compensación por los daños. La Constitución dice que ninguna persona puede ser privada de su propiedad sin previo pago de su valor”.
Indiferencia ante daños al medio ambiente
De acuerdo con Caamaño Grullón, no se hicieron los estudios de impacto ambiental de lugar antes de comenzar la obra, por lo que no se toma en cuenta los efectos negativos que causan al canal Marcos A. Cabral. “El canal va a quedar cerrado si cae una lluvia fuerte, porque hubo derrumbes con sólo seis centímetros de lluvia”. Lamentó que Medio Ambiente no haya intervenido para evitar que se perdieran decenas de plantas de caoba criolla.
