ASUNCION, Paraguay (AP) — Fiscales paraguayos presentaron cargos el domingo contra ocho de 14 campesinos presuntamente involucrados en una disputa de tierras que dejó 17 personas muertas en una finca de soja.
Como consecuencia directa de la matanza del 15 de junio, los políticos opuestos al presidente Fernando Lugo aprovecharon para sacarlo del poder, alegando que no supo administrar el conflicto por la tierra., El Senado lo destituyó el 22 de junio en un rápido juicio político.
La matanza ocurrió durante un intento de desalojo por orden judicial en Curuguaty, a unos 320 kilómetros (200 millas) al noreste de la capital paraguaya. Murieron 11 agricultores y seis policías.
En una conferencia de prensa, el fiscal Rachid Jalil dijo que los cargos contra los agricultores incluyen los de invasión de tierras, asociación para delinquir y tentativa de homicidio doloso.
Sin embargo, Rachid aclaró que no pudo precisar quienes dispararon contra los agentes.
Rachid explicó que «concretamente no se pudo establecer la autoría de los disparos contra los policías y tampoco las nueve armas (de bajo calibre) tomadas del poder de los campesinos dieron positivo a la prueba de disparo, pero la tentativa es una figura del código penal que establece penas» de hasta 30 años de cárcel.
Vicente Morales, abogado de los campesinos, dijo el domingo a The Associated Press que el fiscal Rachid «no pudo precisar quién mató a los seis policías ni quien inició el tiroteo en aquella jornada fatal, así que la acusación de tentativa de homicidio doloso no tiene sustento».
El tiroteo ocurrió en la reserva forestal Marina Cué de 2.000 hectáreas, parte de unas 35 mil hectáreas de soja y otros cultivos intensivos, cuya propiedad fue reivindicada por el ex senador Blas Riquelme del opositor Partido Colorado. Riquelme falleció en septiembre último a los 82 años de edad.
Los terrenos, originalmente eran estatales hasta que a fines del siglo XIX, apremiados por la falta de recursos, los sucesivos gobiernos de entonces los vendieron a la empresa argentina La Industrial Paraguaya para cultivar yerba mate. A partir de la década de 19 40, la compañía cesó sus actividades y en 1967 donó 2.000 hectáreas al Estado para la construcción de cuarteles de la Armada.
El Estado —por razones desconocidas— no hizo los trámites de aceptación del donativo, por lo que Riquelme las ocupó ininterrumpidamente durante más de 30 años para la producción agrícola, solicitando finalmente a la justicia la elaboración del título de propiedad que no ha conseguido.
Los campesinos sin tierra de Curuguaty y sus alrededores ocupan Marina Cué desde 2008 pero no en forma permanente, sino esporádicamente, mientras realizan trámites ante el gobierno para su adjudicación.
Rachid aclaró que los labriegos Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro y dos menores de edad cuya identidad, por ley, no pueden ser publicadas, «fueron acusados por tentativa de homicidio doloso de los seis policías».
Las mujeres Lucía Aguero, María Fani Paredes y Dolores López Peralta «fueron acusadas por complicidad en tentativa de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de propiedad privada».
En tanto, Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez soportan los cargos de invasión de propiedad privada y asociación criminal.
Finalmente, Neri Urbina, un comerciante que ayudó al campesino herido Arnaldo Quintana, quien salía sangrando del lugar de los hechos, fue acusado por obstrucción a la persecución penal.
