En el gobierno que aceptó el 4% para la educación y que se propone erradicar el analfabetismo, la salud ha sido la Cenicienta. Hasta ahora se ha hecho lo que siempre se ha hecho: el financiamiento sigue siendo muy bajo, los servicios siguen siendo terriblemente deficientes, el número de afiliados al régimen subsidiado de la seguridad social crece pero muy lentamente mientras el aporte per cápita es irrisorio, los servicios en el sector privado no son adecuadamente supervisados y la calidad está lejos de estar garantizada, los proveedores de servicios y el sector financiero se han adueñado del régimen contributivo reduciendo al mínimo los servicios que podrían prestarse sin que el Estado defienda a los y las contribuyentes, y los esfuerzos en materia de salud colectiva son insuficientes.
El resultado está a la vista de todo el mundo. El sistema de salud pública es un desastre mayúsculo. La extrema precariedad de los servicios hospitalarios se refleja en una tasa de mortalidad materna entre las más altas del continente; la mortalidad infantil, frecuentemente asociada a infecciones evitables, sigue siendo muy alta en el país; y el abastecimiento de materiales y medicamentos es claramente insuficiente. Además, la evidencia testimonial de negligencia médica y trato deshumanizado es abrumadora.
A la vez, afecciones diarreicas y respiratorias, y de otros tipos como el dengue, evitables con adecuados y bien financiados programas de prevención y educación, mantienen una elevada incidencia, mientras otras como la hipertensión y demás afecciones cardiovasculares emergen con fuerza.
No es la única, pero la falta de financiamiento es una de las causas del calamitoso estado del sistema de salud, y muestra con claridad la baja prioridad que ha tenido (y continúa teniendo) el tema para quienes han tenido el poder para hacer las cosas de otra manera. Esto no es más que un reflejo de lo poco que importa la gente pobre.
El gasto público en salud en el país es uno de los más bajos en la región. El presupuesto de 2014 consignó el equivalente a un 1.9% del PIB, y para 2015 el Ejecutivo propuso repetir la historia. En comparación, en promedio los países de América Latina gastan el equivalente al 3.5% del PIB, y según la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el financiamiento público para 2015 debe alcanzar el 2.8% del PIB.
Pero la falta de recursos es sólo una de las dimensiones de la escasa prioridad que ha tenido la salud. La pobre calidad del gasto, su mala distribución y los pírricos avances de la reforma del sistema son otras de las consecuencias de ello. La educación y prevención en salud (salud colectiva), y la rectoría del sistema son las dos funciones más importantes del Ministerio de Salud. Sin embargo, en 2014 esa institución terminará gastando apenas un 4% de su presupuesto en programas de salud colectiva. Para que se tenga una idea, esto es menos de 200 pesos por persona por año.
En contraste, el 76% de su presupuesto (36 mil millones de pesos en 2014) lo gasta en servicios de atención a las personas, de los cuales más de la mitad financia los centros de atención que maneja centralizadamente el ministerio como hospitales y clínicas. Hace años que eso debió haber cambiado, como lo manda la Ley General de Salud, para que se logre una mayor capacidad de autogestión y autofinanciamiento por la vía, por ejemplo, de la seguridad social.
El mantenimiento del viejo sistema lleva a una espeluznante falta de control sobre la operación concreta de los centros de atención. Parte del personal nombrado por razones políticas, que no cumple funciones adecuadamente, ausencia de control de procedimientos de atención, e ineficiencias en las compras de insumos son algunos de los resultados. Los presidentes y los ministros no han puesto empeño en la reforma, se han acomodado y han prolongado la agonía del sistema y de la gente que depende de él.
Por otra parte, SENASA, con responsabilidad de financiar la atención en salud a toda la población en pobreza extrema, apenas recibe el 14% del presupuesto, mientras el IDSS, que debió haber desaparecido, recibe el 6% (casi 3 mil millones) y los centros descentralizados y especializados, que son un puñado, reciben el 16% (7,500 millones). Si la causa de educación movilizó a la ciudadanía, la de la salud debería mover montañas.
