Varias organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la propuesta de crear una mesa nacional de diálogo para solucionar supuestos problemas de apátrida.La demanda fue parte de los petitorios de la audiencia “Derecho a la Nacionalidad en la República Dominicana”, celebrada el sábado en Washington, en el marco del 156 período de sesiones de la CIDH, convocatoria de oficio a la que también asistieron representantes del Estado dominicano.
En el foro, activistas de la Plataforma Dominicanos por Derecho abordaron la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana a partir de promulgación de la ley 169-14, que fue la respuesta estatal a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano.
El colectivo reclamó que a través de esta ley, el Estado extiende y agrava la situación de apátrida en República Dominicana al no configurar ningún tipo de opción para que los niños, hijos de dominicanos de ascendencia haitiana puedan acceder a sus documentos de identidad, ni considerar la diversidad de los perfiles, características sociales, culturales y económicas de la población afectada.
El abogado Manuel Dandré, quien dio inicio a la ponencia de los peticionarios, afirmó que a 17 meses de la promulgación de la ley 169-14, el Estado dominicano sigue excluyendo y limitando el ejercicio del derecho a la nacionalidad de las personas afectadas, a las que divide en dos grupos en función del registro de su nacimiento en los libros del Estado Civil.
Sobre las personas no inscritas en los libros del registro civil, o Grupo B, habló Ana María Belique del Movimiento Reconoci.do. Destacó que la ley 169-14 establece un proceso de naturalización ordinaria que se recuperará en dos años. Por ello, de acuerdo con Belique, la ley 169-14 fortalece la privación arbitraria de nacionalidad.
