La enorme atención que ha concitado la crisis de Grecia y las preocupaciones recientes sobre el elevado peso de la deuda pública en Puerto Rico ha motivado a que en el país se renueven las aprehensiones sobre el problema de nuestra deuda pública.
La oposición política ha advertido sobre la significativa proporción de recursos que compromete el pago del servicio de la deuda, la alta dependencia que tiene el presupuesto público de las fuentes crediticias, y la falta de transparencia en la política de endeudamiento y de gasto público. El Gobierno ha minimizado el problema aduciendo que el déficit público se ha venido reduciendo, y con ello la demanda de financiamiento.
Ciertamente, en los últimos dos años y medio, el déficit del sector público no financiero ha aminorado, reduciéndose el ritmo de crecimiento de la deuda pública a un tercio de lo que se observó entre 2000 y 2012, cuando la deuda creció a un ritmo de US$1,075 millones por año.
No obstante, no ha habido un golpe de timón en la política fiscal que haya reducido drásticamente el déficit y la demanda de financiamiento ni una reversión del proceso de acumulación de deuda sino una desaceleración. Eso significa que la deuda sigue teniendo un nivel muy preocupante, que sigue creciendo, que sus efectos se van a seguir sintiendo por la vía de destinar una significativa proporción de los ingresos públicos a pagarla, y que algunas de las causas que generan el déficit y el endeudamiento no han sido enfrentadas con el vigor requerido.
Desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2015, la deuda ha crecido a un ritmo medio anual de US$1,645 millones, se gasta el equivalente al 45% de los ingresos corrientes del Gobierno para pagarla, y un 28% del presupuesto total del Estado depende del financiamiento. Más aún, de la nueva deuda que se adquiere, es decir, de aquella por encima de lo que se paga en amortización de deudas viejas, más del 90% se usa para pagar intereses. Eso es escandaloso.
Pocas veces la deuda ha pesado tanto sobre el presupuesto público y sobre la economía en su conjunto. Hoy la deuda del sector público no financiero equivale a cerca del 36% del PIB y si le sumamos la que tiene el Banco Central con el público, que es deuda estatal, llega a cerca del 50% del PIB. Un nivel como ese sólo lo vimos en medio de crisis como la de 1990 y años inmediatamente posteriores, y en la de 2003-2004 que desató los fraudes bancarios.
Sin embargo, el tema del crecimiento de la deuda no es nuevo y hay responsabilidades compartidas. A excepción del período 1986-2000, en todos los gobiernos la deuda pública se ha incrementado de forma significativa, unas veces para propósitos legítimos, otras veces para despropósitos económicos y sociales.
Entre 1966 y 1978, el gobierno de Balaguer multiplicó por cinco la deuda externa, llevándola desde US$155.8 millones hasta US$987.4 millones. En ese período la deuda financió infraestructura clave pero también las fortunas de nuevos millonarios. El primer gobierno del PRD se endeudó para expandir la base clientelar aumentando el empleo público, subir salarios deprimidos, expandir servicios sociales y aumentar el consumo. Esto resultó en que llevó la deuda hasta US$2,635 millones para un incremento de 167%. Al segundo gobierno de ese partido le tocó la crisis y el ajuste, y también la incrementó pero en menor medida.
A su retorno al gobierno, Balaguer reprimió el endeudamiento pero desquició la moneda y las finanzas públicas provocando la crisis de 1990, y el primer gobierno del PLD mantuvo una contención fiscal y de deuda. El retorno del PRD al poder con Mejía como presidente disparó de nuevo el endeudamiento, en parte para ganar las elecciones de 2002 y en parte para contener la crisis de 2003. La llevó desde menos de US$3,700 millones en 2000 hasta más de US$8,200 millones, a lo que se deben sumar los más de US$4,100 millones de deuda que contrajo el Banco Central buscando atajar la inflación y la devaluación.
Por último, el segundo gobierno del PLD encabezado por Fernández la duplicó llevándola hasta más de US$17 mil millones, en parte para amortiguar los efectos de la crisis internacional y de los aumentos del precio del petróleo, y en parte para mantener al PLD en el poder y alimentar nuevas fortunas. A eso hay que sumarle cerca de US$7,700 millones del Banco Central, que siguió tomando prestado, quizás más de lo debido, para evitar la inflación.
Aunque no estamos a las puertas de una crisis, avanzamos con determinación “envidiable”. Todavía hay tiempo para rectificar y para evitar las cuestionables recetas de Europa para Grecia.
