El presidente ejecutivo de la Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro) reveló que en los cinco años que lleva la empresa en mano de sus actuales propietarios ha invertido US$10,500 millones.Esa cifra duplica el monto consolidado que había invertido la telefónica en los 10 años anteriores, explicó Oscar Peña, al tiempo de destacar el impacto que han tenido los programas de inversiones de la compañía en el desarrollo de las telecomunicaciones en la República Dominicana.
Asimismo, Peña dijo que “lamentablemente” los impuestos, el robo de cobre y el alto costo de la energía eléctrica siguen afectando el desarrollo de las telecomunicaciones.
De la sustracción de cables de cobre, el máximo ejecutivo en el país de Claro dijo que la situación se mantiene aun con la medida que prohibió la exportación de alambres. Explicó que ahora “disfrazan” la exportación, indicando otra denominación.
Peña habló con un grupo de directores de medios de comunicación y comentaristas durante un almuerzo que la empresa telefónica de capital mexicano les ofreció, para informar de los principales programas que tiene.
Informó que en cinco años que lleva la empresa en manos de los nuevos propietarios, en el país ha habido una duplicación del número de teléfonos móviles, lo que atribuye a la “competencia” que Claro ha provocado en el mercado dominicano de las telecomunicaciones.
Citó el compromiso que tiene la empresa con el desarrollo de las telecomunicaciones en la República Dominicana, para cuyo cumplimiento ha aplicado un creciente programa de inversiones, que en ocasiones se ha visto limitado por actitudes e incomprensiones de instancias estatales.
Peña se quejó del efecto que tienen los impuestos sobre el sector de las telecomunicaciones, el cual es tratado impositivamente cual si fuera un bien o servicio suntuario.
El sector está gravado con una tasa de un 28%, la cual “lamentablemente” desincentiva su desarrollo, explicó el ejecutivo de la empresa de capital mexicano. Durante el encuentro, realizado en la sede principal de Claro, Peña estuvo acompañado de los principales funcionarios de la telefónica.
El economista Freddy Domínguez, vicepresidente de Codetel, dijo que las dificultades que enfrenta el sector de las telecomunicaciones, por las pretensiones de los ayuntamientos de cobrarle un impuesto sobre los ingresos brutos, se mantiene a pesar de un fallo de la Suprema Corte de Justicia declarando improcedente la iniciativa.
Explicó que ahora algunos ayuntamientos, entre los que citó los de San Pedro de Macorís, Higüey, San Cristóbal y Pedro Brand, les están aplicando cobros excesivos por los permisos que solicitan las telefónicas para realizar obras de inversión, necesarias para poder dar un buen servicio.
