La intimación que hizo la comisión asesora del candidato perredeísta Hipólito Mejía contra los miembros de la Junta Central Electoral, si bien está fuera de tiempo, no deja de tener algún fundamento jurídico legal.
Es cierto que el Senado de la República tiene la facultad constitucional para designar a los miembros de la JCE, pero también es verdad que existe el mandato transitorio en la Carta Magna de esperar por la creación y posterior designación del Tribunal Superior Electoral.
Pero ahora, más que entrar en discusiones que pudieran dar la percepción de una crisis, y tomando en cuenta que prácticamente toda la sociedad se ha expresado en contra de esta intimación, faltando seis meses para las elecciones, lo ideal es que la autoridad competente se apreste a resolver ese impasse.
¿De cuál autoridad estamos hablando? Del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ese órgano plural que ya evaluó a los aspirantes a las altas cortes y que tiene la facultad de designar a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Con esa designación, queda cubierto cualquier error de procedimiento o violación constitucional, dejando sin efecto los argumentos que motivaron la intimación de los prominentes miembros del PRD.
Haría bien el Presidente de la República, en su condición de presidente del CNM, en convocar a ese órgano y agilizar la designación de los miembros del TSE para cerrar el tema antes de que se convierta en una nueva crisis en la Junta Central Electoral, sobre la que han surgido diversos debates por la situación en el Centro de Cómputos y la Dirección de Informática. Sobre este tema ya están avanzadas las negociaciones entre los dos principales partidos políticos con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado.
Lo más prudente en esta época de Navidad, previo a la intensificación de una campaña electoral, que apunta a ser intensa, es que los sectores que tienen en sus manos la solución de determinadas situaciones, lo hagan cuanto antes y muestren así el deseo de evitar conflictos.
