Recientemente concluyó la segunda legislatura del Congreso y con ella, perimió nueva vez el proyecto de ley de partidos políticos. Esto ha sucedido en 12 ocasiones distintas, a lo largo de 14 años de discusión del referido proyecto de ley. La aprobación de esta ley se ha aplazado continuamente, a pesar de que en distintas ocasiones los líderes políticos han llegado a acuerdos y firmado compromisos públicos para su aprobación. Esto se hizo para la reforma constitucional del 2010 y antes de las últimas elecciones presidenciales. Existe muy poco interés en las organizaciones políticas de aprobar una legislación que supondría su control y regulación, pues es más ventajoso actuar como chivos sin ley.
El inicio de la prematura campaña electoral para las elecciones del 2016 presenta un escenario aún más difícil para el conocimiento y aprobación de la ley de partidos y agrupaciones políticas. El ambiente electoral, caracterizado por la confrontación tanto al interior de los partidos, como fuera de ellos, hace imposible que se puedan generar los consensos necesarios para las reformas que requiere el sistema político y electoral. Durante muchos años más, las organizaciones políticas podrán seguir comportándose como partidos sin ley, pues efectivamente no la tienen, ni existe la voluntad política para que así sea.
Está demostrado que la reforma del sistema político no es una prioridad para los líderes y eso provoca que se siga profundizando la crisis que afecta no solo a los partidos políticos, sino además a la propia competencia electoral. La crisis de los partidos se manifiesta en la división del principal partido de oposición y en la debilidad del resto de las organizaciones. Aunque una legislación por sí sola no resuelve estos problemas, por lo menos ayuda al establecimiento de reglas y procedimientos dirigidos a mejorar la democracia interna, la transparencia e institucionalidad de los partidos.
Por otro lado, lejos estamos de una democracia en la que se respeten los derechos políticos de los ciudadanos, sobre todo el de elegir en libertad y el de ser elegido en procesos electorales caracterizados por la equidad y la inclusión.
El papel determinante del dinero en la actividad política es solo un ejemplo del nivel de deterioro de la competencia electoral. Muestra de esto fue lo que pasó en las internas del PLD para elegir a los miembros faltantes al Comité Central.
Partidos sin ley, con dirigentes y militantes que persisten en prácticas y aptitudes propias de una cultura política autoritaria y clientelar, condenan a la sociedad dominicana a seguir profundizando la crisis de su sistema electoral y de partidos.
