¿Cómo es posible que, según la Cámara de Cuentas, en sólo ocho meses la pasada administración gastara 187 mil millones de pesos, casi la mitad del presupuesto nacional, sin sustento alguno y no haya pasado nada? ¿Qué clase de país es este en que vivimos?
¿Cómo es posible que se admita un déficit superior a esa suma en los gastos de esa administración antes de irse y nadie, absolutamente nadie, ni en el gobierno ni en la justicia, se haya movido para exigir una justa rendición de cuentas? ¿Cómo es posible que aún después de una novena reforma impositiva en menos de una década que empobrece a la clase media y a la profesional, los legisladores continúen asignándose graciosamente sumas mensuales millonarias y hasta tres bonos anuales adicionales con los que poder seguir haciendo campañas para preservar sus privilegios en detrimento de las apariciones de otros ciudadanos, sin siquiera castigo moral alguno? ¿Cómo es posible que estos honorables señores se auto asignen exoneraciones de vehículos de lujo cada dos años en medio de la situación de pobreza en que sobrevive la mayoría de la población e incluso vendan muchas de ellas en franca violación a la ley que lo prohíbe sin que se mueva una hoja en este país?
¿Cómo es posible que en pocos años, en meses muchas veces, políticos adquieran propiedades por encima de sus salarios en el ejercicio de funciones públicas, sin que los organismos responsables de velar por la ética y el buen desempeño en la administración alcen su voz para siquiera ponerlos en evidencia? ¿Cómo es posible que se viole la Constitución, y así lo reconozca la Suprema Corte, al contratarse un préstamo clandestinamente sin la obligación de pasarlo por el Congreso y no se haya dicho nunca qué se hizo con esos 130 millones de dólares?
Al final, todo eso y más ocurre porque apenas somos, como escribiera Mir, un país “pateado como una adolescente en las caderas”.
