Los mandatarios democráticos suelen comunicarse con su población para mantenerla al tanto de las políticas oficiales o informarla sobre recientes acontecimientos de interés público. Unos lo hacen semanalmente, otros con menos frecuencia, pero la práctica los mantiene en constante comunicación con sus electores.
En nuestro país los presidentes, por el contrario, prefieren guardar silencio sobre cuanto acontece en el ámbito oficial, a despecho de la trascendencia que muchas de esas acciones tienen para el presente y el futuro de la nación.
Durante su prolongado ejercicio presidencial, Leonel Fernández, despreció el derecho del público a saber cuánto hacía en sus frecuentes viajes al exterior y nunca informó sobre el costo de esos periplos, la mayoría de ellos sin justificación de Estado. Cuando falta esa elemental interacción, se crea un amplio espacio para la especulación y el público termina dando como válido cuanto proviene de otras fuentes.
La actual administración, por ejemplo, ha preferido dejar que corra el rumor acerca de cuestiones de la más alta política, como por ejemplo, su encuentro en Caracas, con los presidentes de Venezuela y Haití, en torno a la situación generada por la famosa sentencia del Tribunal Constitucional. La ausencia de una explicación presidencial ha dejado en manos de terceros la versión de los acuerdos y esa pasión por el secreto puede costarle caro.
Los políticos confían demasiado en los índices de popularidad, olvidando que el aprecio del público se parece a un fósforo: cuando este se apaga no prende jamás.
