SAN CRISTÓBAL. El Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó ayer la quinta y última jornada consultiva con la sociedad civil para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2020.En esta última jornada de consultas participaron al menos 123 organizaciones de la sociedad civil de las provincias San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa, para la formulación del plan, mecanismo que estará fundamentado en el desarrollo integral de la población y la defensa de los derechos humanos, en el marco de la nueva política exterior puesta en marcha por el presidente Danilo Medina.
El encuentro, encabezado por el canciller Andrés Navarro, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Politécnico Loyola de esta ciudad sureña, y recogió los planteamientos de los distintos representantes de la sociedad civil que se han sumado al plan, tal como se alcanzó durante las cuatro primeras consultas en el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional), Santiago, La Romana y Barahona.
En esta quinta consulta realizada a través de varias mesas de trabajo integradas por los representantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil, se contó además con la presencia de los miembros de la Comisión Interinstitucional de los Derechos Humanos.
Durante todo el proceso consultivo se abordaron temas como “Mujer”, “Niñas, niños y adolescentes”, “Grupos vulnerables” (discapacitados, adultos mayores y otros), “Derechos civiles y políticos”, “Migrantes”, “Trabajo”, “Trata de personas”, “Discriminación” y “Derechos económicos, sociales y culturales”, entre otros.
Como en las jornadas anteriores, la consulta fue observada por representantes de la Agencia Española para la Cooperación Internacional, la Delegación de la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA). La iniciativa comprende una serie de derechos individuales y sociales basados en la Constitución de la República y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Este plan está llamado a convertirse en un instrumento de concientización de los ciudadanos sobre sus derechos, con la vinculación de los actores públicos y privados en la defensa de los mismos como mecanismo de fortalecimiento de la democracia”, dijo Navarro.
