El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) respaldó este miércoles la decisión del presidente Danilo Medina de devolver al Congreso la Ley que declara como Parque Nacional la zona de Loma de Miranda.
En rueda de prensa celebrada en la Torre Empresarial, el presidente del Conep, Manuel Diez Cabral, dijo que la decisión de Medina permitirá que los senadores y diputados estudien a profundidad la viabilidad o no de la explotación minera de Loma Miranda, a fin de “que lo se haga sea ambientalmente responsable”.
Dijo que los empresarios entienden que la “responsable actuación del Poder Ejecutivo permitirá una discusión sosegada, profunda y rigurosa, en torno a los efectos económicos, jurídicos y sociales que implicaría la referida pieza legislativa para el presente y futuro de nuestra nación, así como para definir una verdadera política minera en el país”.
“Con esta decisión el Presidente toma en cuenta preocupaciones externadas por los diversos sectores de la sociedad dominicana, incluyendo organizaciones sindicales y empresariales y de la sociedad civil, así como de las entidades especializadas, autoridades y líderes de opinión, en torno a la los fundamentos técnicos y jurídicos de lo que fue una apresurada decisión”, señaló.
Además dicen estar “convencidos de que el Congreso Nacional aprovechará esta oportunidad de tanta trascendencia, para promover un diálogo constructivo y democrático, mediante la consulta a organismos públicos como el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), así como a las sociedades de técnicos especializados en la materia y los organismos internacionales que correspondan”.
Preguntado sobre si el empresariado confía en que al final se permitirá la explotación de Loma Miranda, Diez Cabral expresó que lo que debe hacerse sea lo que al final convenga al país, pero al mismo tiempo observó que la no explotación puede generar un pasivo laboral y de imagen pública en la República Dominicana.
En ese sentido, subrayó que el empresariado reitera la creencia en el “ejercicio de una minería ambientalmente responsable y en que los avances tecnológicos permiten a la industria minera ser cada vez más amigable con el medio ambiente y los recursos naturales, y de que los Estados deben hacer valer su papel de reguladores y guardianes del cumplimiento de las leyes y disposiciones ambientales”.
Puntualizaron además que apuestan a “que a partir de este momento el debate público sobre este tema se sustente en bases racionales y se eviten las especulaciones y acusaciones que de manera deliberada buscan generar indignación en los ciudadanos de buena voluntad, usando para ello distorsiones y desinformación”.
En esta rueda de prensa estuvieron presentes los miembros del Comité Ejecutivo y directivos de las asociaciones que firman este documento.
