Como es conocido, el conflicto interno en la Junta Central Electoral (JCE) se ha venido agudizando durante los últimos meses. Esto no es nuevo, pues bajo su actual presidencia, este órgano electoral se ha caracterizado por sus múltiples confrontaciones, algunas de las cuales se dieron en medio del pasado proceso electoral. Basta recordar la crisis inducida en el centro de informática o la pretensión de que una organización de la sociedad civil, no ejerciera su legítimo derecho a observar las elecciones. Lo novedoso en esta ocasión es la iniciativa del Congreso, a partir de la solicitud del presidente del PRD, de intervenir en la JCE para tratar de resolver sus problemas.
Es necesario insistir en que la JCE es un órgano autónomo, que goza de independencia funcional, administrativa y presupuestaria. Si bien es cierto que es positivo que el Congreso contribuya con el buen funcionamiento de las instituciones del Estado, no deja de generar suspicacia la diligencia con que la Cámara de Diputados procura intervenir en esta ocasión. A pesar de que se desestimó en lo inmediato la realización de un juicio político, esta posibilidad no se descarta del todo. Existe el temor de que la intención última de la acción del Congreso, sea la remoción de algunos miembros de la JCE cuyo único pecado ha sido el de actuar con cabeza propia.
No se requiere de una investigación muy exhaustiva para saber cuáles son las razones que están provocando el conflicto en la JCE. En primer lugar, la negación de los documentos de identidad de un número importante de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, que el presidente de la JCE se niega a resolver. Con esta actitud, se está exponiendo al país a una nueva condena internacional. En segundo lugar, la concentración de prácticamente todas las decisiones en una sola persona, cuando se supone que la junta es un órgano colegiado.
Es necesario evitar que la investigación de la Cámara de Diputados, se constituya en una acción que procura generar temor y que busca cercenar el derecho a disentir en una institución colegiada como la JCE. Es saludable que las instituciones de la democracia puedan contar con personas en capacidad de tener una opinión distinta y razonada. Lo que se requiere, es la existencia de mecanismos que eviten que esto afecte su normal funcionamiento. Es deber del Congreso contribuir a que el conflicto sea resuelto a lo interno de JCE. Para ello será necesario deponer actitudes que no propician el acercamiento y el diálogo para encontrar una salida.
