Con 31 de los 32 senadores, y 96 de los 183 diputados, este año el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no disimuló ni un ápice la contundencia de su poder en el Congreso de la República. Pese a que el período legislativo tenía como prioridad la adaptación de un conjunto de leyes orgánicas a los mandatos de la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010, se destacó por la aprobación acelerada y con poco cuestionamiento de numerosos proyectos de financiamiento del Poder Ejecutivo; por ignorar el reclamo de asignación del 4% del producto interno bruto (PIB) al sector educación; y por endurecer las penas que sancionan la delincuencia común, el crimen organizado y la violencia intrafamiliar.
Ya para el primer semestre, con el apoyo de algunos diputados del PRD y del PRSC, el Congreso había aprobado 54,118 millones de pesos en préstamos dirigidos al financiamiento de programas de innovación tecnológica del sector agropecuario, construcción de peajes, saneamiento de acueductos, y otras obras de infraestructura.
El monto representaba el 55.6% del tope de financiamiento establecido en la Ley de Presupuesto General del Estado 2011 (RD$97,259.0 millones).
Y dos meses después se sumaría a la prima de los US$500 millones en bonos soberanos que el Gobierno mandó a colocar en los mercados internacionales, en el marco de un presupuesto suplementario de RD$4,700 millones.
En octubre, el PRD había advertido los peligros de la carrera de endeudamiento apoyada por la fuerza legislativa morada. Pero no fue hasta principios de noviembre que decidió calificarla como un atropello ilegal.
El vocero de los diputados perredeístas, Ruddy González, explicó que la Cámara de Diputados violó el tope de deuda del Presupuesto 2011 con la aprobación de un préstamo de US$230 millones, cedidos por la Agencia Francesa de Desarrollo para la reestructuración del sistema institucional del transporte y la terminación de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, al que le tocaría una asignación de RD$8 mil millones.
“Hay que detener esta carrera alocada de préstamos que está hipotecando las finanzas públicas de los próximos años. Debemos mirarnos en el espejo de Grecia y otras naciones para que no nos suceda lo mismo”.
Presupuesto
Como resultado del activismo permanente de las organizaciones que conforman la Coalición por una Educación Digna, el Presupuesto del 2012 formó parte del debate público desde principios de año. El reclamo de una asignación presupuestaria equivalente al 4% del PIB para el sector educativo se expresó en forma de vigilias, conciertos, marchas multitudinarias, cartas, intervenciones en los medios de comunicación y redes sociales.
Pero los legisladores oficialistas, conscientes de las numerosas actividades reivindicativas desarrolladas por los activistas de bandera amarilla, no acogieron la petición. En dos lecturas consecutivas, sin dar espacio a ningún tipo de debate, 23 de 25 senadores presentes, aprobaron la Ley de Presupuesto del próximo año, sin acoger el 4% de los “amarillos”, ni el 5% que demandaba la UASD.
Entre noviembre y lo que va de diciembre, las cámaras se han concentrado en fortalecer los mecanismos legales que previenen y sancionan la delincuencia y los actos de violencia intrafamiliar.
Adaptación de leyes orgánicas
Para continuar con el proceso de adecuación del marco legal de la República a la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010, el Congreso continuó la sanción de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Consejo Superior del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistraturay del Tribunal Superior Electoral, entre otros.
Las leyes del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura crearon intensos debates de opinión pública. La primera, por fijar en 75 años la edad límite para ser miembro de la alta corte, fue calificada de inconstitucional por un grupo de juristas.
Para la aprobación de la Ley del CNM, el mismo presidente Leonel Fernández tuvo que firmar un pacto con el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, pues el partido morado no cuenta con la cantidad de diputados (dos terceras partes) necesaria para aprobar una ley de tipo orgánico.
Solicitan promulgación de la END
Un solo proyecto de ley, atendido por una comisión bicameral, ha estado bajo seguimiento de la opinión pública nacional y representantes de organismos financieros internacionales desde que llegó al Congreso de la República, el pasado 4 de marzo.
La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) fue puesta como condición de futuros desembolsos financieros del Banco Mundial.
El titular del organismo, Roby Senderowitsch, advirtió a los legisladores que, si el conocimiento del proyecto se mantiene estancado, el país podría dejar de recibir cerca de US$650 millones de cooperación financiera. El plan proyectado hacia el 2030 ya fue sometido a vistas públicas.
El Senado lo conoció ayer en la tarde.
El senador Félix Bautista, representante de San Juan por el PLD, preside la comisión que estudia la pieza.
