Cuando el Congreso Nacional reformó la Constitución, algunos sectores y mentes muy esclarecidas estaban persuadidos de que la aprobación de los instrumentos complementarios sería una materia fácil. La realidad demostró que no.
Ya vimos el proceso de debate y negociación que conllevó la sanción de las leyes orgánicas para los tribunales Constitucional y Superior Electoral y la consiguiente conformación de las llamadas altas cortes.
Los intereses de los actores políticos permearon todo el proceso. No podía ser de otra manera.
El Congreso no termina de completar la tarea que se impuso cuando aprobó la nueva Carta Magna.
Y aún tiene en agenda materias esenciales para el
establecimiento, al menos en el marco legal, del denominado Estado Social y Democrático de Derecho, proclamado en la Constitución.
Paradójicamente, el 2012 fue declarado por el Poder Ejecutivo como de “fortalecimiento” de ese estado social y democrático.
Sin embargo, todavía los diputados no logran ponerse de acuerdo para adoptar resoluciones fundamentales para coronar el proceso de reforma que instituye la Constitución.
elcaribe ha desempolvado el estado de situación del Defensor del Pueblo, previsto en el artículo 190 de la Constitución, que prevé la creación de esa autoridad, como una instancia fundamental para el predominio del estado de derecho.
En efecto, desde marzo de 2011, duerme en la secretaría general de la Cámara de Diputados un proyecto de resolución con la lista de seleccionados para la Defensoría del Pueblo, después de evaluar 79 aspirantes.
Ante la inercia de ese órgano, la Constitución establece en el artículo 192 una fórmula para superar su falta de voluntad.
Otros mandatos constitucionales también están en el olvido legislativo, como la Iniciativa Legislativa Popular y el Referendo o Consulta Popular, contempladas en los artículos 97 y 210 de la Constitución.
Ambos requieren de leyes orgánicas para que entren en plena vigencia. Para que el 2012 sea de verdad el año de fortalecimiento del estado democrático de derecho, es esencial que el Congreso Nacional cumpla sus deberes.
