Con el voto disidente de su presidente Mariano Germán Mejía, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) acogió la renuncia del juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Ignacio Medrano Quéliz. Los consejeros archivaron el expediente disciplinario levantado contra Quéliz, y ordenaron a la Inspectoría General del Poder Judicial investigar su denuncia relativa a que el miembro de ese consejo Francisco Arias Valera le solicitó dinero por la libertad de ciertos reclusos.
El caso será enviado al Ministerio Público a los fines de realizar una minuciosa investigación con relación a todos los hechos denunciados, sobre las actuaciones contra el juez Medrano Quéliz y del consejero Arias Valera.
Medrano Quéliz fue sometido a un juicio disciplinario luego de que le interpusieran dos querellas por presuntas irregularidades al otorgar la prisión domiciliaria a los banqueros Leonel Almonte y Luis Álvarez Renta.
No aceptó dinero
El magistrado señaló que no se sentía en confianza ni en plena seguridad jurídica de que le iban hacer un juicio dentro de lo que es la ley, por eso renunció. Defendió su integridad y sus 21 años de ejercicio. “Si yo hubiese querido ser un hombre adinerado con la sola libertad de Leivy Nin la esposa de Figueroa, yo fuera rico”, sostuvo.
Sostuvo que en muchos casos le ofrecieron dinero, y no aceptó, y que el criterio que hay de jueces de ese departamento (Ejecución de la Pena) es que ese tribunal es un negocio. “Al otro día de yo llegar a ese tribunal se conoció una audiencia de un señor que fue piloto y tiene o tuvo relación marital con una comunicadora, y a mí fue un juez a ofrecerme dos millones 800 mil para que le diera la libertad, y él está preso, está trasladado para La Romana, porque yo no sé la di”, reveló.
Cargo en tribunal
Agregó que él no quería el cargo de juez de Ejecución de la Pena.
“Ese tribunal está satanizado. Todo el que entra sale con problemas, porque si tú haces, es malo, y si no haces, también”, indicó. Agregó que el informe en su contra está “plagado de mil diabluras”.
Carlos Salcedo critica la decisión
Carlos Salcedo, abogado de parte de los denunciantes, criticó la decisión del consejo en el entendido de que este debió conocer del juicio, porque cuando un juez es destituido se le inhabilita de cualquier función pública. “Este juez, aunque está fuera del sistema de justicia, puede ocupar otras funciones públicas”, indicó. El consejo acogió la inhibición de los magistrados Francisco Valera (sobre el proceso) y la de Samuel Arias Arzeno, relativa a “conocer y decidir con relación a peticiones, investigaciones o acciones que correspondan al consejo, que incluyan al consejero Francisco Arias Valera”.
