Hoy el país puede ver concretizadas las principales estructuras de Estado que la Asamblea Revisora incluyó hace dos años en la Carta Sustantiva. El Consejo del Poder Judicial, el Consejo del Ministerio Público, los tribunales Superior Electoral y Constitucional, y el intermitente Consejo de Ministros ya no son aspiraciones.
Sin embargo, figuras constitucionales como el Defensor del Pueblo, el referendo y la iniciativa legislativa popular, que aumentan los niveles de fiscalización del sector público y la capacidad de participación ciudadana, se mantienen como simples declaratorias de intenciones. Ninguna ha encontrado celeridad en la Cámara de Diputados, y menos en el Senado de la República, donde se espera que la campaña electoral determine la agenda de los próximos meses.
Al señalar otros avances de la Carta Magna del 2010, sobresalen los debates públicos y plurales que se generaron por la interpretación de las leyes orgánicas e inorgánicas, así como los nuevos parámetros generales que pretenden hacer más eficiente la administración estatal.
En los puntos pendientes por observar quedan las dudas que aún provocan temas constitucionales tan importantes como el mismo referendo, ya que, mientras importantes juristas aseguraban que la Constitución prohíbe la reelección presidencial después de dos períodos consecutivos, el presidente Leonel Fernández llegó a decir que ningún marco legal vigente le impedía volver a postularse.
Con esta experiencia la sociedad observó que la Constitución vigente sí se presta para ambigüedades.
