No se puede reformar algo bajo la hipótesis absurda de al mismo tiempo preservar el estatus quo. Y es que no hay reforma posible si no se enmienda lo que estaba mal. Sin embargo, nuestras autoridades históricamente han preferido no tocar determinados intereses por el costo que ello significaría a expensas del sacrificio de toda una nación, creando así un sistema tan complejo que nos han hecho ser un país caro, habitado por una mayoría pobre.
El pernicioso populismo alimentado por nuestros políticos ha hecho creer a la gente que existen soluciones individuales a problemas colectivos, lo que ha fomentado una cultura nacional de que cada quien se busca lo “suyo” sin que importen las consecuencias para los demás.
Nuestras actuales autoridades no parecen estar conscientes de la necesidad de revertir esta situación. Sus ejecutorias, por el contrario, confirman que siguen apostando al mismo modelo. Basta constatar el total desprecio que han tenido con la discusión y consenso de los pactos sobre la reforma educativa, del sector eléctrico y fiscal.
Los pactos que obligan al consenso son percibidos por muchos como una pérdida de tiempo. Sin embargo, lo único que ha hecho transformar países que debían superar grandes dificultades ha sido precisamente estos acuerdos.
Aunque acciones puntuales del gobierno le hacen disfrutar las mieles de los primeros días, la ausencia de un plan y de la debida coordinación y orquestación de todos sus funcionarios en torno al mismo, podrían granjearle amarguras.
Parece mentira que haya sido más fácil para el gobierno cumplir la asignación del 4% que consensuar la reforma educativa. No era difícil adivinar que aprobado el 4% el reclamo de aumento salarial era una línea y el gobierno debió estar mejor preparado para afrontarla. Quizás apostó a que gracias al control que tiene sobre la ADP le sería fácil, subestimando las apetencias, pues si ese gremio ha conseguido antes lo que ha querido, su propia ARS-Semma, su propio plan de pensiones Inabima, etc., con mucha más razón lo va a hacer ahora si sabe que hay dinero para complacerlo.
Así las cosas, nuestros gobiernos cediendo a la presión de cada grupo, han ido creando núcleos manejados por caciques que están fuera del imperio de las leyes nacionales y sectores que operan completamente divorciados de nuestro marco legal, porque el gobierno así lo auspicia o permite. Lo mismo sucede con múltiples instituciones, cuyas transformaciones no pueden ser ejecutadas por causa de sus incumbentes o, tienen que modelarse a la medida de éstos, como sería el caso de la propuesta de reforma al Ministerio de Industria y Comercio para crear el de Energía.
Si el gobierno no apuesta por un plan que promueva soluciones generales, eliminando distorsiones y atacando las causas de los males, finalmente será desbordado, porque siempre serán más los problemas que los recursos que pueda tener. Si se decidiera a hacerlo, buena parte de la sociedad lo apoyaría y esta sería su mejor carta de triunfo: haber hecho lo que nadie se había atrevido hacer.
