Araíz de la controversial solicitud que hicieran recientemente los descendientes de Casandra Damirón a Acroarte, exigiendo el retiro del nombre Casandra para designar los premios anuales y amenazando incluso con tomar acciones legales en contra de la institución, quiero hacer algunas precisiones relativas a las disposiciones en materia de propiedad industrial que son aplicables al caso en cuestión.
Los nombres, al igual que los seudónimos, pueden ser registrados en nuestro país como marcas, según lo establece de manera puntual la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 72. Y es el caso específico del nombre Casandra, que fue registrado como signo distintivo en el año 2002.
Si el registro de un nombre afectare el derecho de la personalidad de un tercero, la ley contempla esto como una causal de nulidad de dicho registro (a menos que exista un consentimiento expreso por parte del tercero o de sus descendientes directos). Sin embargo, como esa es una razón de nulidad por derechos de terceros, un pedido para anular dicha marca debe presentarse, necesariamente, dentro de los cinco años posteriores a la fecha del registro impugnado.
Esto significa que, en el caso específico de Casandra, al existir un registro vigente en beneficio de Acroarte desde el año 2002, ya no tienen los familiares de la fallecida artista acciones legales posibles en contra de quienes son por ley los legítimos titulares del nombre, puesto que su plazo para actuar venció a los cinco años y su posible acción, por ende, ya prescribió.
De igual forma, aún si el nombre no es utilizado como ya ha sido anunciado por Acroarte, no podrán ni los familiares de Casandra ni tercero alguno registrarlo y/o usarlo en el comercio ya que esto infringiría un derecho de propiedad industrial preexistente y además, sin dudas constituiría un acto de competencia desleal y aprovechamiento indebido del esfuerzo y el éxito ajeno. Por lo que, si alguien tenía la idea de aprovechar el impasse para crear unos “Premios Casandra” paralelos a los tradicionales, podría ser pasible incluso de sanciones penales.
Por tales motivos, es poco explicable, escapa de la lógica y evidencia una mala asesoría la posición tomada por los familiares de la folklorista Casandra Damirón, pues resulta evidente que la ley no está de su lado, que no obtendrán beneficio económico por esta acción y que lo único que han logrado es privar a su fallecida pariente del honor de ser recordada cada año en la más importante premiación de la República Dominicana.
