La sentencia no. 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional Dominicano que redefine aspectos esenciales de la política migratoria y el derecho a la nacionalidad, sin dudas ha generado reacciones desproporcionadas, algunas politizadas e interesadas, y ha despertado fuertes pasiones, tanto a favor como en contra, a nivel nacional e internacional.
El problema de las posiciones en contra, especialmente provenientes de organizaciones no gubernamentales y muchas de ellas exageradas con el fin de justificar fondos que las sustentan, es que aspiran al desconocimiento de una decisión de un máximo organismo del tren judicial y por ello sus deseos pretenden un peligroso atentado contra el imperio de la ley y el estado de derecho. Además, la mayoría de esos grupos contribuyen a exacerbar las emociones y caldear los ánimos en un tema muy sensible, lo que obviamente profundiza diferencias y puede conducir a actitudes y manifestaciones violentas.
Como los grandes cambios tienden a generar, al menos momentáneamente, grandes crisis, la ofensiva diplomática haitiana y de otros países de la región ha sido notable, con numerosos intentos de someter a la República Dominicana al escrutinio de la comunidad internacional.
La sentencia, que pone fin a largas discusiones sobre la necesidad de regular la situación de los residentes ilegales en el país y define el status de los indocumentados y sus descendientes, es inapelable e irrevocable. Y el propósito, tal como lo ha sostenido el Presidente Danilo Medina, no es iniciar una oleada masiva de deportaciones como ocurre en muchos de esos mismos países que hoy cuestionan a la República Dominicana, sino resolver numerosas situaciones de hecho que han provocado confusiones y conflictos.
El manejo gubernamental dominicano hasta ahora ha sido inteligente. Es muy atinada la estrategia diplomática que se lleva a cabo para explicar a países y organismos internacionales los detalles del fallo del Tribunal Constitucional y la necesidad de acatarlo.
Ante un escenario caliente al Gobierno dominicano le toca mantenerse frío. No debe el Presidente ni los funcionarios en general dejarse provocar. Mas bien, lo ideal es que, ante un nuevo panorama que cambiará las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití, se promuevan diálogos y consensos para evitar que la aplicación de la sentencia sea atropellante, pero siempre defiendo el interés nacional, el derecho soberano que tiene el país de definir quiénes son sus nacionales y respetando la separación de los poderes del Estado, acatando y defendiendo la decisión de un organismo institucional cuya independencia debe ser resguardada.
