El pueblo dominicano se destaca por su capacidad de ser solidario con aquellos que padecen una calamidad o desgracia. La gente de este país ha tenido una gran vocación para la empatía, es decir, para participar de manera afectiva de la realidad que afecta a otra persona. Esta solidaridad se ha expresado a nivel nacional e internacional. Se podría decir que junto con la alegría, este es un rasgo característico de la dominicanidad. Así ha sido, a pesar de que durante décadas, algunos sectores han hecho esfuerzos denodados por sacar lo peor de esta sociedad, como lo es el racismo y la discriminación.
Los actuales son momentos para la solidaridad. Efectivamente, lo que hasta hace un tiempo solo formaba parte del discurso ultraconservador, se ha venido convirtiendo en políticas públicas y decisiones supuestamente legales, que tienden a la exclusión absoluta y a la violación de derechos fundamentales de una parte importante de dominicanos y dominicanas. Esto es lo que representa la resolución 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional, que busca despojar de su nacionalidad a hijos de extranjeros nacidos en el país desde hace más de ocho décadas, principalmente a los de ascendencia haitiana. Esta decisión tuvo como antecedente la práctica violatoria de la JCE, la cual, amparada en la resolución 14-07, le impidió a miles de dominicanos renovar su cédula o acta de nacimiento.
Esta situación ha traído un profundo sufrimiento y dolor a muchas familias dominicanas cuyos miembros se ven impedidos de ejercer a plenitud otros derechos fundamentales como el de la educación, el trabajo o el acceso a los servicios de salud. Frente a estos dominicanos que padecen, es necesaria la acostumbrada solidaridad del resto de nuestro pueblo. Por esta razón, alegra saber que esta misma semana se constituyó un Comité de Solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas de ascendencia extranjera víctimas de la desnacionalización.
Este Comité, formado inicialmente por más de 270 personas vinculadas a la academia, los medios de comunicación, las iglesias y otros espacios del ámbito nacional, creen que la solución al problema generado por la sentencia del Tribunal Constitucional, está dada en la Constitución actual que reconoce la ciudadanía a todo el que la hubiese obtenido antes de su entrada en vigencia, el 26 de enero del 2010. Es necesario que este grupo de hombres y mujeres sea ampliamente acompañado y que se genere un movimiento nacional que permita que en materia de derechos humanos, el país vuelva a la constitucionalidad, reconociendo la existencia de “una patria amplia para todos los hijos e hijas de esta tierra”.
