Debe llamar la atención la frecuencia con que determinadas medidas estatales o gubernamentales se suspenden o revocan, casi inmediatamente después de ser anunciadas o promulgadas. ¿Es que la clase dirigente no es capaz de analizar con profundidad las consecuencias de sus decisiones? ¿Es que las diversas presiones nacionales e internacionales llevan a nuestros dirigentes a decidir, para quitarse la presión a que están sometidos? Debe preocupar la frecuencia en que determinados asuntos son declarados y decididos de “urgencia” y lo que es más delicado, dicha práctica ocurre generalmente con asuntos de gran gravedad e importancia, para el destino del país.
Decimos esto pues al día de hoy no se ha analizado el costo económico de algo tan serio como otorgar la ciudadanía a un número importantísimo de inmigrantes. Esto así, pues otorgar la ciudadanía a la mayor cantidad de inmigrantes es la verdadera agenda de muchas ONG e instituciones internacionales que influencian el proceso de regularización. Estas instituciones argumentan que en el proceso de registro se deben obviar las informaciones concernientes a los padres, algo que sería inconcebible en sus propios países, para fundamentar el derecho a la nacionalidad dominicana por causa de la apatridia, dentro de dos años.
El empresariado no está calculando el impacto económico que podría tener la inclusión de cientos de miles de nuevos dominicanos, todos pobres, lo que requerirá de muchos recursos…Simplemente dicho, a estos nuevos ciudadanos dominicanos se les deberá garantizar una asistencia social hasta la muerte. Ciertamente, los inmigrantes utilizan nuestros hospitales y escuelas, pero como ciudadanos tendrán derecho a todos los planes sociales del Gobierno, incluyendo las viviendas subsidiadas. El Estado dominicano, que no ha sido capaz de proveer a su población servicios sociales mínimamente adecuados, estará obligado a proveerlos a nuevos ciudadanos. Todo esto podría terminar costando mucho dinero, y ya que el Estado no produce recursos, los mismos saldrán del sector privado y finalmente, del pueblo dominicano, con el pago de mayores impuestos al consumo y a las empresas, lo que afectará aun más la competitividad de las mismas, por lo que intentarán pasar la carga a los consumidores aumentando los precios. Además, el nivel de pobreza registrada como dominicana aumentará de un plumazo.
En consecuencia, como no fuimos capaces de defender nuestros intereses nacionales para que las naciones ricas cargaran con su problema haitiano, tendremos que repartirnos el costo. Los perdedores serán los empresarios con grandes inversiones de capital fijo, con poca movilidad para evitar estos costos, la clase media y los dominicanos pobres, quienes además de perder sus puestos de trabajo enfrentarán la carga directa o indirecta de nuevos impuestos, lo que resultará doblemente injusto. Siendo así, terminará ocurriendo lo de siempre. Dentro de dos años nos daremos cuenta del atolladero, por no haber analizado adecuadamente, una vez más, las consecuencias de nuestras políticas públicas…
