Ayer, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, cuestionó a cuáles intereses obedece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.La directora del Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), Magalys Pineda, el experto en Derecho Constitucional, Eduardo Jorge Prats, y la directora del colectivo Mujer y Salud, Sergia Galván, coincidieron en señalar, por separado, que a los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano antes de la Constitución de 2010 les corresponde la nacionalidad dominicana.
Jorge Prats dijo que “el que nació antes de las 10:00 de la mañana del 26 de enero del 2010, era dominicano bajo la Constitución del 66, para eso fue que el constituyente reformó la Constitución, porque si no la deja igual”.
Consideró que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) viene a despojar de la nacionalidad a miles de personas e insistió en que se les reconozca la nacionalidad dominicana a los que nacieron en el país antes de la entrada en vigencia de la presente Constitución, aún si los padres de éstos estuviesen ilegal en territorio dominicano.
Al respecto, definió el fallo como una vergüenza para el país, que está promoviendo el nacionalismo, “que ha llevado muerte y horror” a muchos países y que nada tiene que ver con la época de la globalización. “Este intento de desnacionalización crearía una hecatombe en la sociedad dominicana. Creo que no han medido las consecuencias sociales que esa sentencia va a generar”, dijo al ser entrevistado en Esferas de Poder, que se transmite por Santo Domingo TV.
Mientras que Sergia Galván expresó ayer que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre nacionalidad tiene un corte “eminentemente racista”.
Entrevistada en una actividad en el hotel Crown Plaza, dijo que los magistrados del TC están creando una situación similar a la vivida en Sudáfrica durante la época del apartheid, así como dejando a cientos de miles de personas en condiciones de apátridas.
Presidente de la JCE
El presidente de la JCE cuestionó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y advirtió que tiene que demostrar que sus decisiones se apegan a los principios para los cuales fue creada y que no obedecen otros intereses. Dijo que causa indignación y vergüenza la última audiencia llevada a cabo por ese organismo en México “donde se presentó como víctima a un sujeto que ha violado las leyes dominicanas”.
Entrevistado en el programa D’Agenda, Rosario se mostró incrédulo a que el Estado sea condenado por la CIDH por ese caso.
