San Juan, Puerto Rico.- Un ambiente de crispación experimenta hoy Puerto Rico como secuela de una multiplicidad de acontecimientos dirigidos a restarle control a su gobierno interno, incluida la imposición de una junta de supervisión de siete miembros que designarán el Congreso y el Presidente de Estados Unidos.
Por primera vez en años, diversos sectores –más allá del independentismo– se han manifestado en contra de lo que consideran una profundización de la política colonial, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinara que Puerto Rico carece de poderes para sancionar su propia ley de bancarrota, que le permita reorganizar su deuda pública.
Una pancarta colgada desde el segundo piso del lujoso centro comercial The Mall of San Juan, que ha venido a plantar cara al tradicional Plaza Las Américas, establece: “1952-2016: Murió El ELA. ¿Y ahora qué?
No se trata de la promoción de un producto. Las siglas corresponden al Estado Libre Asociado establecido por Estados Unidos en 1952 como un sistema de gobierno sui géneris para Puerto Rico y sancionado un año después, en Nueva York, por la Organización de las Naciones Unidas como un mecanismo que validaba la salida de esta isla de la lista de países coloniales que entonces proliferaban por el mundo bajo su propia miseria producto de la explotación de diversas potencias imperiales.
El cartel en The Mall of San Juan lo desplegó un grupo de jóvenes del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), una organización relativamente nueva que ya tuvo su primer bautismo de fuego en las elecciones de 2012 y que ahora se apresta a participar en los comicios del próximo 8 de noviembre de 2016 con la esperanza de obtener representación legislativa.
A la vez que acta de defunción rudimentaria del ELA, su despliegue respondía a una protesta de la juventud del PPT –en el corazón de una de las catedrales del consumo puertorriqueño– en repudio a la junta de control fiscal que
Washington ha decidido imponer a Puerto Rico ante la realidad de su bancarrota fiscal, con una deuda de 70 mil millones de dólares, con el objetivo de garantizar a Wall Street y los fondos buitres la cobranza de su dinero.
Ambos acontecimientos, la defunción del ELA y la imposición de la junta de control fiscal, que se superpondrá al gobierno de Puerto Rico, es el resultado de pasos decisivos que han venido dando de forma simultánea el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Congreso federal y la Casa Blanca en un aparente afán de hacer entender a los puertorriqueños que hay un nuevo giro en la política de la metrópoli colonial.
Como parte de esa postura de
Washington, un sector de los políticos tradicionales boricuas se mueve entre la sorpresa y la incredulidad, en lo que parece un proceso sin marcha atrás para soltar las amarras de esta “isla mía, flor cautiva”, como la describe el poeta y cantautor Antonio Cabán Vale (El Topo) al reclamar que quiere “libre tu suelo, sola tu estrella”, augurio de que no cabe entre las 50 estrellas de la bandera estadounidense.
Con un 12.5 por ciento de desempleo, la pérdida de sobre 300 mil habitantes que, producto de la crisis fiscal y económica, han emigrado en los últimos años, muchos de ellos jóvenes profesionales, la impagable deuda pública de 70 mil millones de dólares y un próximo impago de sobre mil 900 millones de dólares, Estados Unidos ha decidido dar marcha atrás a la rueda.
En esa dirección al revés la potencia imperial ha colocado a Puerto Rico en los primeros años de la invasión militar del 25 de julio de 1898. De ese modo descalifica al ELA, que amalgamó con el concepto de “gobierno propio” de 1952, y que blandió como motor del desarrollo económico hasta 1973, en medio de la Guerra Fría y la amenaza “de la Cuba comunista”, que se aireaba desde el momento mismo del triunfo de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959.
Una segunda etapa de florecimiento económico comenzó a partir de 1976, cuando el Congreso de Estados Unidos decidió incluir a Puerto Rico dentro de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, que permitía a corporaciones norteamericanas depositar sus ganancias libres de gravámenes en los bancos establecidos en la isla, lo que permitió el desarrollo de la industria farmacéutica, la venta de automóviles y la construcción de complejos habitacionales de lujo, hasta que, luego de modificaciones cada ciertos años, en 1996 el presidente William J. Clinton firmó el proyecto que la derogó.
En el ínterin, la economía puertorriqueña fue estrangulada y decisiones judiciales federales sobre la interferencia con el “comercio interestatal” llevaron a la bancarrota a numerosas industrias y comercios nativos para ser suplantados por empresas y cadenas estadounidenses, cuyas ganancias sobrepasan los 14 mil millones de dólares anuales. l
