El analista político Alejandro Torres Rivera, vicepresidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR), explicó a la agencia Inter News Service (INS) que la corte suprema de la nación norteña lo que ha hecho, al negar la soberanía del ELA, “es uniformar la política de sus territorios”, como lo son las Islas Vírgenes de Estados Unidos, el Commonwelth de las Islas Marianas del Norte, Guam, Samoa Americana y Puerto Rico.
“En su redacción, a diferencia del Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, el proyecto no se refiere al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por su nombre sino meramente a Puerto Rico, (como) tampoco hace distinción a los efectos de si existen en tales territorios ciudadanos estadounidenses, como son los casos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes; o si se trata de nacionales estadounidenses, como ocurre con Guam, las Islas Marianas del Norte o la Samoa Americana”, explicó el jurista.
Torres Rivera, miembro de la dirección del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), expresó que la crisis fiscal y el estancamiento económico de Puerto Rico han dado pie a que Wa-shington avance con firmeza en una dirección que siempre quiso maquillar, como lo es su aceptación de que mantiene una colonia en el Caribe.
“Aquí lo que falta es que Estados Unidos nos diga de una vez por todas que no hay otro camino que la independencia”, ha planteado el también abogado y analista político Carlos Díaz Olivo, por décadas un defensor de la anexión.
Para Díaz Olivo no hay otra posibilidad que la independencia, porque a Washington no le interesa la incorporación plena de Puerto Rico porque “es un país pobre, más pobre que el estado más pobre de Estados Unidos”, Mississippi, y porque, además, cumplió su rol estratégico en el forcejeo con la ya desaparecida Unión Soviética durante el periodo de la Guerra Fría.
El analista político considera que “mientras nos creemos el ombligo del mundo”, los intereses de Estados Unidos se han movido hacia Cuba, por el potencial económico que le puede representar, luego del anunciado acuerdo del 17 de diciembre de 2014 para comenzar un proceso de normalización de relaciones que hicieran los respectivos presidentes, Barack Obama y Raúl Castro.
Los vaticinios de un escenario de crispación que se avizora, con manifestaciones violentas, no provienen de las organizaciones nacionalistas o independentistas puertorriqueñas, que las han protagonizado a lo largo de más de un siglo de dominación colonial de Estados Unidos, sino de sectores que consideran extremas medidas como el proyecto Promesa (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act).
“Si algo nos ha enseñado la historia es que acciones extremas provocan reacciones extremas: cualquier criatura acorralada en una esquina se defenderá. Si el Congreso continúa el camino que lleva, si Promesa es un reflejo de sus intenciones respecto a Puerto Rico, debe estar al tanto de que sus acciones abusivas no fueron el detonante solo de desobediencia o resistencia civil, sino una radicalización violenta como la que vio la isla en las décadas de 1930, 1940 y 1950”.
Ese planteamiento proviene del juez federal Juan R. Torruella, del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Estados Unidos, en Boston, durante una conferencia que dictara en abril pasado en el John Jay College of Criminal Justice en la ciudad de Nueva York.
Esa violencia también se reprodujo en 1954, cuando un comando nacionalista puertorriqueño integrado por Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero, Irving Flores Rodríguez y Rafael Cancel Miranda atacaron en Washington el hemiciclo de la Cámara de Representantes federal, con un saldo de varios congresistas heridos y el encarcelamiento por 25 años de los protagonistas después que se les conmutara la pena de muerte.
En este sentido, al pasar por alto otras acciones, se inscribe la voladura el 12 de enero de 1981 en la Base Aérea Muñiz, contigua al aeropuerto internacional de Isla Verde en el municipio de Carolina, de una decena de aviones de la Guardia Nacional Aérea por el clandestino Ejército Popular Boricua (EPB-Macheteros), con daños estimados en 45 millones de dólares, y la batalla final de desobediencia civil que durante un año protagonizó la generalidad del pueblo hasta alcanzar la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de la isla municipio de Vieques, el 1 de mayo de 2003, después de más de seis décadas de abusos y bombardeos.
Precisamente, este sábado se ha celebrado la Primera Asamblea de Pueblo contra la Junta Federal de Control Fiscal, conducente a elaborar la estrategia a seguir frente a lo que se considera una afrenta al pueblo puertorriqueño.
Entre los objetivos de la Concertación Puertorriqueña Contra la Junta Fiscal, así se hace llamar la coalición, es realizar actos de desobediencia civil, para lo que ya han expresado su disposición prominentes figuras políticas, como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD).
Esta batalla se produce de forma simultánea con la intensificación del reclamo de excarcelación de Oscar López Rivera, que ha pasado 35 años de sus 73 años de edad en prisiones de Estados Unidos, ocho de ellos en solitaria, condenado por conspiración sediciosa por su vinculación a las clandestinas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), de Puerto Rico, que operaron en Nueva York y Chicago en la década de los años 70 y 80 del siglo pasado.
“La lucha por la independencia de Puerto Rico bajo la dominación colonial de Estados Unidos, siempre hemos tenido prisioneros políticos”, advierte el abogado Eduardo Villanueva Muñoz, portavoz del Comité Pro Derechos Humanos.
López Rivera, el preso político más antiguo del hemisferio a quien se le compara con el sudafricano Nelson Mandela, que estuvo encarcelado 27 años, ha concitado la convergencia de diversos sectores ideológicos, incluido del anexionismo, que reclaman su excarcelación al presidente Barack Obama, quien mantiene un lapidario silencio sobre el tema cuando bastaría con que firmara la solicitud de indulto que, se dice, está sobre su escritorio en el Despacho Oval en Casa Blanca. INS
