El Secretario General del Centro Latinoamericana de Administración Para el Desarrollo (CLAD) dijo este lunes que los poderes del Estado están en falta por no haber elegido el Defensor del Pueblo.
Gregorio Montero llamó a los ciudadanos a empoderarse de la situación y ser más activos en los reclamos. “Debe haber una convocatoria a la sociedad para que presionen a los poderes del Estado”, manifestó.
La Constitución establece en el párrafo único del artículo 192 que vencidos los plazos sin que la cámara de diputados elija los ternas para designar al defensor del pueblo la responsabilidad recae sobre la Suprema Corte de Justicia (SCJ), esta última a juicio del también escritor “no ha tomado el asunto como una cuestión prioritaria”.
Argumentó que tal vez esta figura no se ha designado por problemas políticos y entiende que es uno de los controles que tiene la población para someter al orden a la Administración Pública, y “tal vez pueda funcionar”.
En otro orden, Montero, quien fungió como orador principal en el marco de la IX Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa (AIT), dijo que en el país muchos órganos no quieren someterse al orden por lo que se necesita una justicia administrativa fuerte y bien organizada con facultad para controlar de forma universal la legalidad de la administración pública.
“Muchos órganos públicos se quieren salir de los sistemas de control y quieren actuar de manera antojadiza y de forma autónoma. La justicia administrativa tiene que controlar la legalidad de toda la administración pública. Aquí hay órganos “descentralizados” que se creen que son poderes del Estado”, manifestó con firmeza.
El catedrático benefició que la Justicia Administrativa sea independencia de todos los poderes del Estado pero reconoció que por el momento en la República Dominicana no hay condiciones para establecer este tipo de sistemas, porque no hay jueces formados, en esta materia se necesitan muchos recursos, faltan tribunales, juristas especializados, y la aprobación de leyes adjetivas, como la ley de procedimiento administrativo para marcar las normas y los procedimientos que deben seguir los funcionarios públicos cuando actual, “todavía en la República Dominicana los funcionarios actúan de cualquier manera y es que no existe esta ley pero por fortuna esta ya está en el congreso”.
Valoró y respaldó los esfuerzos realizados por las autoridades para fortalecer esta materia, pero vaticinó que si el país no se avoca a establecer un sistema de justicia administrativa confiable nunca habrá Estado de derecho.
