En siete barrios enclavados en la cuenca baja del río Ozama hace falta construir más de 22 mil viviendas nuevas y reparar más de 30 mil existentes.Según un estudio presentado por el Observatorio de Derecho a la Ciudad (ODC) de la organización no gubernamental Ciudad Alternativa, las carencias habitacionales en los sectores Simón Bolívar, 24 de Abril, Gualey, Domingo Savio, Ensanche Ozama, Los Mina Viejo y Los Tres Brazos representan un déficit que supera las 50 mil viviendas.
Durante la presentación del quinto boletín de la institución, el economista Rafael Jovine, expresó que estas cifras contrastan con el escaso esfuerzo gubernamental, tomando en cuenta que el año pasado sólo se construyeron 4,453 viviendas con fondos públicos en todo el país.
“Se trata de un abandono total del gobierno en curso, basado en la escasa inversión pública por parte de la administración gubernamental, la carencia total de una política pública inclusiva, y de atención a los sectores de mayor vulnerabilidad de la ciudad capital”, dijo.
Jovine explicó que incluyendo el Presupuesto que actualmente estudia el Congreso, la inversión pública asignada al sector Vivienda apenas ha rondado el 0.1% del producto interno bruto (PIB) en los últimos tres años.
El boletín del ODC critica el hecho de que en vez de invertir en vivienda social y asequible para los más empobrecidos, el Gobierno incentiva la respuesta habitacional desde el mercado privado.
Ciudad Alternativa señala que el principal logro que exhiben las políticas públicas de viviendas en el país es la aprobación de la Ley 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso. Sin embargo, resaltan que los requisitos para acceder a hipotecas bajo esta ley excluyen al sector informal del país, que representa cerca de 60% de la población dominicana.
Creen que se privatiza un derecho fundamental
“Lo que estamos viendo es la privatización de un derecho fundamental cuyo incumplimiento dificulta directamente la materialización de otros derechos que dignifican la vida de la ciudadanía y de estas comunidades”, dijo Jovine. Expresó que el boletín pretende ser una herramienta que propicie diálogo y concertación entre las comunidades y la administración pública.
