Hemos tenido más de 35 años ininterrumpidos de democracia desde las elecciones de 1978, tiempo más que suficiente para poder evaluarla.Lamentablemente, a pesar de las múltiples reformas realizadas en el país, incluyendo las de la Constitución y la Ley Electoral, no hemos logrado la fortaleza institucional, la independencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia que se esperaba.
Irónicamente, desde que se instauró la contribución del Estado a los partidos políticos en la Ley Electoral 275-97, el gasto en campañas y las contribuciones privadas a los partidos, en vez de disminuir como se pretendía, han aumentado astronómicamente.
Ese excesivo gasto en campañas para las distintas elecciones existentes hasta la Constitución vigente, fue la justificación para eliminar la gran conquista que había sido la separación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, premiando de paso a los congresistas, alcaldes y regidores con dos años adicionales de mandato.
Sin embargo, de nada sirvió, puesto que el descomunal gasto en campañas continúa, habiéndose desatado el carnaval propagandístico de precandidatos a la presidencia para el año 2016 a poco tiempo de haber iniciado el actual mandato presidencial. El uso y abuso de los recursos del Estado ha sido no solo constantemente denunciado en las elecciones presidenciales y de medio término que hemos tenido en el pasado reciente, sino también en las relativamente nuevas elecciones internas de cada partido, sobre todo del partido de turno en el Gobierno, como sucedió cuando compitieron internamente en el PLD el actual presidente y el pasado presidente, el primero aspirando a la nominación presidencial y el segundo a la repostulación.
Pero también se ha extendido este mal a las asambleas celebradas por los partidos para renovar sus organismos, como ha sido el caso del reciente Congreso Norge Botello del PLD.
Otra denuncia ha sido el uso y abuso de los recursos del Estado para intentar influenciar en procesos internos de selección de candidaturas de partidos de oposición, lo que ha tenido nefastas consecuencias para nuestro sistema democrático, teniendo dividido al mayor partido de oposición.
Pero no solo se han multiplicado los fondos públicos y privados para las campañas electorales e internas de los partidos, sino los fondos asignados a la Junta Central Electoral (JCE), lo que penosamente no ha servido para mejorarla. Por el contrario la JCE es más que nunca un organismo conformado a la merced de los intereses políticos de turno, que parece solo trabajar para organizar elecciones, las que a pesar de la larga experiencia, siguen siendo procesos traumáticos y de resultados demorados. A pesar de las grandes sumas gastadas por contrataciones viciadas seguimos teniendo un pésimo registro del estado civil con alarmantes márgenes de error y un documento de identidad vulnerable, que a pesar de su próxima renovación, parece que lo seguirá siendo.
Ha quedado atrás la época de ideales y lucha por conquista de libertades democráticas, pero penosamente hemos pasado a la época bautizada como “plutocracia”, en la que todo es cuestión de dinero y quien maneja más recursos del Estado, puede siempre más, pues con poder y dinero en este país todo se consigue, hasta la simpatía.
