El desconocimiento de disposiciones constitucionales por la facción que en el PRD encabeza Hipólito Mejía fue rechazado ayer por dos entidades de la sociedad civil.La primera desobediencia de Hipólito y su gente se produjo ante la proclamación por parte de la Junta Central Electoral (JCE) del triunfo de Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández en los pasados comicios.
Amparados en el alegato de que esas elecciones fueron fraudulentas y de que se impuso el poder del Estado, el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano y sus seguidores aun no han oficializado su reconocimiento al triunfo electoral de Medina y de la agrupación morada, no obstante la JCE haberle incluso entregado el certificado que lo declara ganador en primera vuelta de la pasada contienda.
“Si hay un hecho incontrovertible en la República Dominicana es que Danilo Medina es el presidente constitucional de todos los dominicanos. Eso no debe estar en forma alguna ni en cuestionamiento ni entredicho”, expuso Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia.
“Sería un error del PRD o de cualquier facción del PRD, a estas alturas del juego, cuestionar este tema”, apunta Potentini. La segunda desobediencia del grupo de Mejía a una disposición emanada de un órgano constitucionalmente establecido, fue la suspensión que hizo el Tribunal Superior Electoral (TSE) a la convocatoria que esta facción perredeísta hizo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Sin tomar en cuenta el fallo del TSE, Hipólito y su grupo reunieron ayer al CEN que había suspendido a Miguel Vargas como presidente del PRD. “El desconocimiento de una decisión por parte del Tribunal Superior Electoral, entraría en un problema de institucionalidad y debe respetarse”, precisó Julio César de la Rosa, presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción.
Cury llama marionetas a los jueces del TSE
El abogado de Mejía, Julio Cury, calificó la sentencia del TSE de “lastimosa incapacidad jurídica”, de jueces que a su juicio “obraron como marionetas del oficialismo”. Dijo que al suspender las sanciones disciplinarias contra Miguel Vargas, sin permitirles a las partes ejercer su derecho de defensa, el TSE vulneró la tutela judicial efectiva y las garantías del debido proceso”.
