En los últimos tiempos el Poder Judicial ha sido puesto en el foco de la crítica. Razones más que suficientes. Pero sus miembros han sido capaces de percibir la realidad y actuar en consecuencia. En el peor momento se planteó la necesidad de una autoevaluación crítica, que pudiera contribuir a detener un derrotero y reencauzar una instancia fundamental para la vida de la República.
Surgió entonces la idea de un debate que gradualmente se ha efectuado, entre los propios agentes del sistema y de la sociedad, y al calor del mismo surgió la idea de la celebración de una cumbre que acaba de concluir con una serie de compromisos que podrían ser muy útiles para mejorar su desempeño.
Ahora, con los compromisos de la cumbre el Poder Judicial busca sentar las bases para dar pasos en firme hacia un futuro mejor, con el aval de algunos entes externos vinculados, como los decanos de las escuelas de Derecho, el Colegio de Abogados y una representación de la sociedad civil.
Acuerdos orientados a fortalecer la autonomía e independencia, la impostergable aproximación de los servicios judiciales a la población, que no sea tan costosa e inaccesible; la mejoría de la administración judicial, que la prolongación de los procesos no impliquen una condena previa; la vital mejoría gerencial de los jueces, especialmente en el desempeño de sus competencias; la sistematización y homologación de los procedimientos en los tribunales, más la mejoría del soporte técnico y profesional de sus auxiliares, más otras directivas acordadas, pueden hacer que la justicia cambie para bien de las personas y de la sociedad.
Pero nada de eso sería útil si los jueces no adecentan su imagen con su propio desempeño, mediante la auto vigilancia y el respeto de una labor tan digna como la administración de justicia. En esto también están comprometidos.
Todo se quedaría en palabras si el Poder Judicial no es comprendido por el Poder Ejecutivo y el Congreso. La justicia, para que sea tal, necesita dinero, no migajas. Esos poderes no tienen que hacer mucho para apoyarla. Sólo deben cumplir con la ley 194-04, que asigna el 2.66% del Presupuesto nacional.
