El Caribe colocó esta semana en el centro del debate nacional la alegre actitud de legisladores que promueven la creación de municipios y distritos municipales nada más con el propósito de satisfacer demandas con fuertes vinculaciones clientelares, a veces con arraigo comunitario verdadero pero no necesariamente con fundamento justo.
Que en los últimos 10 años hayan sido creadas 167 nuevas demarcaciones territoriales, con autoridades asalariadas, con empleados y edificaciones y que ahora estén en proyecto otras 43 iniciativas en esa dirección es sólo una de las muestras de los senderos equivocados por los que anda la nación.
Los legisladores ni siquiera se apegan al marco constitucional para sus andanzas. En su artículo 93 la Constitución establece muy claramente que para crear una nueva jurisdicción territorial es necesario un “previo estudio que demuestre la conveniencia política, social y económica justificativa de la modificación”.
Pero aún así, lo peor de todo es que ya creadas, generalmente esas nuevas instituciones no tienen las capacidades para el autogobierno, en el más mínimo sentido de la palabra, y suelen convertirse en vergonzosas cargas para el ciudadano y el erario.
