El debate sobre las competencias y gobernabilidad de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha desatado una tormenta entre los defensores a ultranza al estilo de trabajo de esa institución y quienes entienden que debe ser reorientada y puesta bajo la tutela del Ministerio Público.Y en el debate se han ido a los extremos. Unos que ven el cuestionamiento al marco de competencias como “una jugada del narcotráfico”, más que un debate dentro del marco democrático, y otro sector ve la continuidad del rol de la DNCD de autogobierno como una expresión de insubordinación institucional.
El esquema se repite cada vez que se discute el papel de instituciones como la Policía Nacional, que en su cotidianidad operativa bajo las orientaciones del Poder Ejecutivo, muy al margen de las directrices del Ministerio de Interior y Policía o el Ministerio Público, o con el DNI como agencia de Seguridad Nacional con respecto a las Fuerzas Armadas en su rol de Ministerio de Defensa.
El debate ha puesto en primer plano el espíritu de la Constitución de la República, que en su artículo 141 define los roles de las direcciones generales respecto a los ministerios relacionados con su naturaleza y radio de acción: “Organismos autónomos y descentralizados. La ley creará organismos autónomos y descentralizados en el Estado, provistos de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Estos organismos estarán adscritos al sector de la administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro titular del sector. La ley y el Poder Ejecutivo regularán las políticas de desconcentración de los servicios de la Administración Pública”.
No sólo la cabeza máxima de la DNCD se ha opuesto a que ese organismo se ponga bajo la jurisdicción del Ministerio Público, sino juristas como Marino Vinicio Castillo y Trajano Vidal Potentini, y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.
El doctor Castillo basa sus criterios en el Capítulo III de la Constitución, que trata “De la Seguridad y Defensa”, señalando que el artículo 260 otorga a las Fuerzas Armadas “Objetivos de alta prioridad” como son 1) Combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes; y 2) Organizar y sostener sistemas eficaces que prevengan o mitiguen daños ocasionados por desastres naturales y tecnológicos.
Castillo resta calidades al Ministerio Público para dirigir la DNCD, preguntándose si agencias como la estadounidense “Drug Enforcement Administration” (DEA) despacharían o trabajarían con los fiscales dominicanos.
De su lado, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, consideró conveniente que la agencia antidroga se mantenga así, ya que el jefe de la DNCD despacha con el presidente de la República, en consecuencia las instrucciones que recibe el mayor general Rolando Rosado Mateo emanan del jefe del Estado.
CNDH: cosa de autoritarismo
Pero para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los argumentos del cardenal López Rodríguez y Marino Vinicio Castillo carecen de validez.
De acuerdo con el doctor Manuel María Mercedes, el que el titular de la DNCD despache o no con el presidente de la República, depende de la voluntad del jefe del Estado, ya que en ningún lado de la Constitución se expresa que ello deba ser así.
“No nos olvidemos que tanto el dictador Trujillo como el expresidente Balaguer acostumbraban a crear situaciones de conflictos entre sus funcionarios y entre la jerarquía de las instituciones del Estado con el fin de mantener un control total sobre la base de la desconfianza y el chisme”, recordó.
“Ese chismoteo institucional ha sido mantenido a lo largo de los gobiernos sucesivos, y es por eso que se vea como algo normal y se crea correcto que el jefe del Estado despache con los funcionarios inferiores, avasallando a los superiores de éstos, y eso crea en la práctica una anarquía que tiene un nombre: falta de institucionalidad”, subrayó el presidente de la CNDH. Para Manuel María Mercedes, los fiscales dominicanos en sentido general sí tienen calidades para dirigir la DNCD, decisión que a su juicio “haría un gran bien al país y a la lucha antidroga”. “Contrario a como ha planteado el presidente de la DNCD de que eso sería un golpe a la lucha contra el narcotráfico en el país, nosotros somos de opinión de que pasando esa dependencia al Ministerio Público se fortalece la lucha contra el narcotráfico, toda vez que se estaría en presencia de una mayor transparencia y desde la Procuraduría se garantizaría más el marco del debido proceso y se garantizaría que muchos expedientes no se caigan en las jurisdicción del primer grado, ya que en los mismos se ha desnaturalizado la investigación”.
La propuesta de la Finjus
La Finjus planteó la necesidad de un rediseño de la DNCD, a fin de que sea parte del Ministerio Público y adecuarla a la Constitución del 2010, debido a que es un órgano de persecución, y como tal debe estar adscrito a la Procuraduría General de la República, encargada de la persecución de los delitos.
El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, consideró que el Ministerio Público no tiene facultades constitucionales para dirigir a la DNCD, como plantean la Finjus y el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
Vidal Potentini dijo que es errónea la interpretación que le da categoría de ministerio de estado, al Ministerio Público, el cual solo alcanza la jerarquía de órgano constitucional y rector de la política criminal del Estado, además de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en los términos del artículo 169 de la Constitución.
Mandato constitucional
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó, en entrevista con elCaribe, que por mandato constitucional la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) debe estar adscrita al Ministerio Público, que es la entidad oficial responsable de todas las investigaciones nacionales.
Consideró que lo lógico es que ese organismo de combate al narcotráfico sea parte de la Procuraduría, que es la responsable de las investigaciones y no la Presidencia de la República, que inició un proceso de desmonte de las dependencias que deben estar adscritas a los ministerios.
Recordó que de manera funcional la dirección de toda la política contra las drogas está a cargo del Ministerio Público. “Esa discusión, que la he seguido con mucho interés, no debe darse en esa forma porque administrativamente en término de a quién debe estar adscrito, ya eso debe dejar de ser de la Presidencia de la República para pasar a la Procuraduría”, dijo.
Cardenal
Es conveniente que la DNCD se quede así y que las instrucciones del general Rosado Mateo emanen del jefe del Estado.
Vincho
En estos momentos, la DNCD está realizando una excelente labor en contra del crimen organizado.
DD. HH.
A lo largo de los años, los presidentes han mantenido un chismoteo institucional para mantener un control total.
