Debido proceso y disolución bancaria

Siempre que se produce un proceso de disolución bancaria, los ejecutivos bancarios desplazados del control de la entidad de intermediación financiera con problemas, alegan que se les ha violentado el debido proceso y conculcado sus derechos constitucion

Siempre que se produce un proceso de disolución bancaria, los ejecutivos bancarios desplazados del control de la entidad de intermediación financiera con problemas, alegan que se les ha violentado el debido proceso y conculcado sus derechos constitucionales.

Cuando la disolución bancaria se produje en sede administrativa, como acontece en nuestro país, su adopción siempre está sujeta al control de la legalidad por la jurisdicción contenciosa-administrativa, no así al de oportunidad.

La liquidación bancaria a través de los tribunales dominicanos fue un rotundo fracaso, pues en algunos casos nunca se produjo, generalmente en beneficio de los dueños y directivos de las entidades financieras. La «administrativización» de la salida bancaria se ha tornado en el mecanismo más adecuado para evitar crisis sistémicas, preservar los activos de las entidades y salvar una parte de los depósitos del público. No se trata de un procedimiento administrativo sancionador -como erróneamente piensan algunos-, sino una forma de extinción de las entidades de intermediación, que generalmente viene precedido de la adopción de un plan de regularización para tratar de solucionar las deficiencias de la entidad en términos de liquidez, solvencia, capital, provisiones y otros indicadores.

¿Tiene la Junta Monetaria una carta abierta para disponer la disolución de una entidad de intermediación financiera? Claro que no. La ley establece una serie de causales y requisitos en virtud de los cuales puede ordenarse el cese de las operaciones de una entidad de intermediación financiera y su disolución a cargo de la Superintendencia de Bancos. Existe, del mismo modo, un reglamento que organiza el proceso de disolución de una entidad de intermediación financiera y el cual se cumple a cabalidad.

Al reconocer esa situación, el Tribunal Constitucional dominicano, mediante sentencia TC-0101-2013, validó la idoneidad del proceso de disolución bancaria previsto en la normativa nacional, al considerar que «no se ha demostrado en el proceso la existencia de otro medio idóneo con el cual las autoridades hubiesen podido ejecutar las medidas administrativas por ellas adoptadas con el propósito de disolver las entidades de intermediación financiera que estuvieren dentro de las causales previstas en la ley».

En la misma decisión, el Tribunal rechazó que cualquier alegato ante la Junta Monetaria, en ocasión de un proceso de disolución, «deba seguir las mismas reglas procesales de un juicio oral, público y contradictorio, por lo que, al no hacerse de ese modo, no contradice lo dispuesto en el artículo 138, numeral 2, de la Constitución –que establece del administrador a ser oído, salvo en las excepciones que establezca la ley-, «y, en consecuencia, no existe violación al debido proceso administrativo».

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