Zoila Martínez trabaja desde su casa, debido a que la Defensoría del Pueblo no cuenta con un local. Para algunas reuniones, utilizan un espacio prestado en la Biblioteca Nacional.En su primer mes de gestión, la Defensora del Pueblo, doctora Zoila Violeta Martínez Guante, informa que ha intercedido en 10 casos de ciudadanos que han sido afectados por inoperancia de entidades de la administración pública, logrando resolver la mayoría de los conflictos de manera armónica.
Martínez Guante señaló que algunos de los casos le fueron enviados directamente por los ciudadanos afectados o por sus familiares y que otros los asumió por denuncias y quejas publicadas en medios de comunicación y a través de llamadas telefónicas. “Nuestra labor se ha enfocado en resolver los conflictos de forma armónica y ajustado a la ley, con el propósito de proteger los derechos de los ciudadanos”, señaló la Defensora del Pueblo en un informe sobre su primer mes de gestión.
Para buscar solución a las denuncias recibidas, la Defensora del Pueblo visitó a los titulares de las instituciones públicas acusadas de incurrir en faltas, a los cuales también les expuso los casos por escrito, mediante comunicaciones.
Martínez Guante intervino ante la Dirección de Pasaporte, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta Central Electoral (JCE), Bienes Nacionales y otras instituciones públicas.
En el primer caso que medió la Defensora del Pueblo fue por la golpiza propinada al recluso Franklin Peralta, por parte de un agente de seguridad del Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto Plata.
Tan pronto se enteró del hecho, la Defensora del Pueblo se trasladó a ese centro para constatar lo sucedido y luego remitió una comunicación al Procurador Francisco Domínguez Brito para pedirle sanción para el responsable.
Visitó el sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Este, para investigar el asesinato del joven Eric Martínez, el 6 de julio del 2013, luego de que los familiares de la víctima le pidieran indagar el caso en un papel manuscrito. De ese hecho se acusó a un agente de la Policía, el cual guarda prisión.
