La mala percepción de que la Junta Central Electoral (JCE) muestra inclinaciones y favoritismo político es creciente. Es preocupante porque los desequilibros nunca ayudan al progreso de la democracia. Si la JCE actúa inclinada hacia el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) obra en perjuicio de su propia credibilidad y atenta contra su propio destino como organismo rector de elecciones. Hay una marcada diferencia en la velocidad de su actuación. Unas veces camina sumamente lenta, con paso de tortuga, y otras veces actúa con velocidad asombrosa de rayos luces. Su accionar depende siempre de que hacia qué lado soplan los vientos políticos.
Pongamos el caso de la cedulación. Aparte de poco transparente, la JCE ha sido bastante lenta en el registro de los dominicanos del exterior. En dos años han registrado unos cien mil votantes contra su propio padrón del 2012 que marcó unos 350 mil inscritos en el registro electoral. Cuando ya se ha registrado el 90 por ciento de los votantes en la isla. Deja claro y sobrentendido que no le interesa avanzar en dirección de la diáspora. La percepción es de que se quiere frenar el voto del exterior para favorecer al partido gobernante. Porque se piensa que ese voto es más independiente y esté más inclinado a la oposición.
Lo mejor que pudiera sucederle a la JCE es que deponga esa actitud y que avance en construir el padrón más amplio y representativo posible. Que exprese la voluntad libérrima de la población y el voto del exterior en el 2016.
El caso de la crisis del PRD y el PRM. La solución rápida en favor de Miguel Vargas Maldonado ha sido notoria. Con apenas 3 por ciento de los votantes a su favor, y habiendo sufrido la más grande estampida masiva de sus militantes hacia el PRM, el partido del jacho prendío sigue recibiendo recursos millonarios como si fuera la fuerza mayoritaria de antaño, que ya no lo es. Hasta dónde es cuestionable la justicia electoral con un partido que prácticamente ha desaparecido. Se dirá que ahí se cumple con la ley sobre asignación de recursos a los partidos que mantienen su registro legal. Nada más falso. Esa situación, como la del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que son fuerzas minoritarias, aunque han sido partidos gobernantes, ganadores de elecciones, tiene que ponderarse de modo distinto. Y si amerita modificar la Ley, hacerlo.
Es desequilibrado y decepcionante que esas fuerzas políticas realmente minoritarias reciban recursos millonarios, cuando no representan el sentir mayoritario de la población, mientras aquellas que nacen con fuerza y penetración popular están en cero recurso. El contraste es evidente. Hay que hacer justicia con esos grupos nacientes. Porque hay movimientos y partidos políticos que gozan de mayor respeto y preferencia popular. Es el caso de Alianza País y Guillermo Moreno, que junto a otros seis movimientos y partidos, están haciendo lo que manda la Ley para obtener su registro legal, y sin embargo, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, la JCE les cierra las puertas del reconocimiento legal. Si ya las encuestas han dicho que Alianza-Pais tiene un 15 por ciento de preferencia electoral, esa sola muestra científica, porque lo han dicho la Gallup y otras firmas prestigiosas, es suficiente. ¡Basta ya de más demoras!
