Cuando se piensa en la recogida de la basura y su disposición final de inmediato llega a la cabeza la palabra ayuntamiento, ya que la prestación de ese servicio es la competencia que más le reconoce el ciudadano a las alcadías.
De hecho, la gestión de un alcalde siempre se mide por los niveles de limpieza que tiene el municipio que administra. La prioridad es tal que siempre se informa de los altos costos que genera la disposición final de los desechos sólidos como el mayor dolor de cabeza de los ediles. En el Gran Santo Domingo el problema de las ciudades es que solo existe un relleno sanitario para el vertido de la basura, el vertedero de Duquesa, que representa para los municipios gastos elevados en combustibles para movilizar la basura.
Para mejor la limpieza en el Distrito Nacional, la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) implementó un programa de ayuda que incluía un plan piloto que lograra que el munícipe entregue de manera adecuada la basura, que las empresas recolectoras cumplan con las rutas y frecuencia, y que el cabildo realice una oportuna disposición final. La cooperación duró tres años, los planes pilotos cumplieron su cometido, pero la JICA concluyó en que para proveer un servicio de calidad se hace necesaria la creación de una legislación nacional de manejo de residuos sólidos. Los datos fueron ofrecidos en el Seminario sobre el Proyecto de Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos en Santo Domingo, organizado por el secretario de Gestión Ambiental del ADN, José Miguel Martínez.
La preocupación de la JICA sobre la necesidad de un marco legal para el manejo de los desechos sólidos generó que Glenny González, funcionaria del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, informara que desde esa institución, en coordinación con la empresa privada y Medio Ambiente, se trabaja en la Ley de Residuos Sólidos.
Tremenda sorpresa para funcionarios del cabildo, regidores y participantes del seminario que nunca habían escuchado de la iniciativa.
