¿Desigualdad de qué?

La idea de que la preocupación principal de la política pública debe ser pobreza y no la desigualdad va siendo superada porque va quedando claro que la desigualdad explica en mucho la pobreza. Si la riqueza y el ingreso están concentrados, el…

La idea de que la preocupación principal de la política pública debe ser pobreza y no la desigualdad va siendo superada porque va quedando claro que la desigualdad explica en mucho la pobreza. Si la riqueza y el ingreso están concentrados, el crecimiento económico hará poco por reducir la pobreza porque la nueva riqueza producida terminará en pocas manos, y no en las de la población pobre. De allí que, antes que palear la pobreza, los programas para su reducción deben enfrentar sus causas, entre ellas la desigualdad. Eso amerita cambiar las reglas que gobiernan la distribución y los factores que inciden sobre ella.

Pero además, la inequidad extrema es un grave problema no sólo porque cause pobreza sino también por méritos propios, en particular porque genera fragmentación, debilita la cohesión social y acrecienta la conflictividad. Hace que gente de un mismo territorio vivamos, de hecho, en realidades y “países” distintos, que tengamos visiones muy divergentes, y que nos sea crecientemente difícil convenir en un proyecto común de país. La diversidad es sana, pero cuando ella resulta de la inequidad y la exclusión produce tensión y resentimiento.

Pero, ¿cuáles son las fuentes de inequidad? Y, como se preguntaba Amartya Sen en uno de sus conocidos artículos: ¿Inequidad de qué? En el país, igual que en muchos otros, se pueden identificar fácilmente al menos tres.

La primera es la inequidad en las remuneraciones laborales. El ingreso laboral del 10% con mayores ingresos es 18 veces más elevado que el del 10% con ingresos más bajos. Medido así, la República Dominicana es el antepenúltimo país más desigual de América Latina.

Las disparidades salariales tienen que ver, en primer lugar, con la abundancia de gente dispuesta a trabajar y la falta de puestos de trabajo. Las mujeres jóvenes son las más afectadas; más de cuatro de cada diez no encuentran trabajo. Esto supone una fuerte desigualdad en el acceso al trabajo. De allí que sea indispensable una política que priorice el crecimiento del empleo.

Las disparidades de ingresos también tienen que ver con unos salarios mínimos reales que no crecen, y que no empujan al resto de los salarios. Sin pretender que reemplace la creación de empleos como principal fuerza de cambio, una política de salarios mínimos proactiva, que más que compense la inflación y que apunte a asegurar gradualmente un salario mínimo decente, también deben ser parte del esfuerzo.

Por último, hay una fuerte inequidad en las oportunidades de aprender y de capacitarse, y de elevar la productividad. Quienes no las tienen, se quedan atrás en la pobreza. Asegurar que todo el mundo tenga la oportunidad de educarse y entrenarse es otra herramienta obligada para romper con la desigualdad.
Una segunda dimensión es la desigualdad en la propiedad de activos tales como tierra, activos financieros y activos productivos incluyendo bienes inmuebles. Como en el resto de la región, la concentración extrema de este tipo de riqueza en unos pocos individuos y familias del país explica en mucho la desigualdad de los ingresos, pero también el acceso diferenciado al poder. En el país, el ingreso anual de un multimillonario es más de 4 mil veces el ingreso una persona típica del 20% más pobre, y esto se debe, sencillamente a que tiene una enorme cantidad de riqueza productiva acumulada en forma de dinero, bienes y otros, mientras la gente más pobre apenas tiene algo más que sus músculos.

Una tercera dimensión es la desigualdad fiscal. El sistema tributario dominicano está sesgado contra los pobres. La figura impositiva de mayor peso es el ITBIS, y el 20% que menos consume en el país paga tanto de ITBIS con respecto a su consumo como el 20% más rico. Mientras, el peso de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, figuras que están llamadas a gravar a los más ricos, es claramente insuficiente. Además, algunos sectores disfrutan de exenciones imposibles de justificar desde el punto de vista de la equidad, y de impacto productivo dudoso. Por si fuera poco, los ingresos públicos son insuficientes y frecuentemente mal gastados. De allí que los servicios sociales no alcancen la cobertura y calidad necesarias para ayudar a nivelar el terreno y crear más oportunidades.

Actuar contra la pobreza pasa por combatir la desigualdad. Para ello, los empleos, los salarios, el acceso a activos productivos y una fiscalidad justa son instrumentos indispensables.

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